Recurren ante el Constitucional la ley balear que amnistía obras ilegales en rústico

Las entidades que integran el Fòrum de la Societat Civil han impulsado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de simplificación y las legalizaciones en suelo rústico que derivan de ella. Consideran que esta normativa supone "la mayor operación especulativa de los últimos años en Baleares" y una grave regresión en la protección territorial y ambiental.

En una rueda de prensa celebrada en el Estudi General Lul·lià, los representantes del Fòrum anunciaron que el recurso se presentará este jueves. La iniciativa ha sido promovida por PSIB, MÉS, Unidas Podemos y el GOB, y ha recibido el respaldo de otras organizaciones.

El documento será formalmente presentado ante el alto tribunal por los diputados nacionales del PSOE, SUMAR, MÉS y Unidas Podemos, quienes actuarán como firmantes de la impugnación.

CRÍTICAS A LA POLÍTICA TERRITORIAL DEL GOVERN

Las entidades denuncian que la ley de simplificación impulsada por el Govern de Marga Prohens facilita la legalización masiva de construcciones y usos irregulares, y favorece el silencio administrativo positivo, lo que podría derivar en un incremento de la oferta de alquiler turístico en suelo rústico.

Según Miquel Camps, del GOB Menorca, la norma supone "la operación especulativa más grande de los últimos años en Baleares" y transmite un mensaje erróneo a la ciudadanía sobre la protección del territorio.

Por su parte, Jaume Garau, miembro de la Ejecutiva del Fòrum, calificó de "maquiavélica" la postura del Govern al promover legalizaciones mientras defiende un "gran pacto por la sostenibilidad".

RECHAZO DE LOS PARTIDOS FIRMANTES

Desde el PSIB, la diputada Mercedes Garrido dirigió un mensaje directo al PP, afirmando que "nos tienen enfrente por lo que han hecho y por lo que harán". Confía en que el recurso sea admitido, asegurando que cuentan con "razón moral y jurídica".

El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, calificó la ley como "una de las mayores agresiones al territorio desde la recuperación del autogobierno" y denunció el "uso perverso del proceso legislativo" para aprobarla.

Desde Més per Menorca, Josep Castells criticó la norma afirmando que "no es una ley de simplificación, sino una ley de destrucción del territorio". Definió el proceso como "un gran pelotazo formado por minipelotazos", aludiendo a la posibilidad de legalizar múltiples construcciones irregulares.

ACUSACIONES DE FAVORECER INTERESES PRIVADOS

La diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, hizo un llamamiento a la ciudadanía "que cumple con la ley y tiene principios", y denunció que la norma beneficia principalmente a personas del entorno del Govern.

En concreto, Gómez aludió a "casos de legalizaciones en Campos (Mallorca) que favorecen a allegados de la presidenta Marga Prohens", sugiriendo un posible conflicto de intereses en la aprobación de la ley.

Con el recurso ante el Tribunal Constitucional, las entidades esperan frenar la aplicación de la norma y abrir un debate sobre el modelo territorial y ambiental de Baleares.