Absuelven al exalcalde y la regidora de Sant Antoni, Ibiza, por prevaricación

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma ha dictado una sentencia absolutoria para el exalcalde de Sant Antoni de Portmany, José Tur (PSIB), y la que fuera su regidora de Urbanismo, Cristina María Ribas. Ambos estaban acusados de un delito de prevaricación administrativa, relacionado con la paralización de la instalación de un chiringuito en la zona de Cala Gració en 2018.

FALLO DEL TRIBUNAL

Según la sentencia, el tribunal considera que no hay pruebas suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia de los acusados. Por lo tanto, no se puede demostrar que los hechos constituyan un delito de prevaricación. La Fiscalía y la defensa habían solicitado la exoneración de ambos, mientras que la acusación particular, representada por la empresa afectada, había pedido una pena de inhabilitación para ambos.

Los hechos se remontan a febrero de 2017, cuando la empresa denunciante solicitó a la Demarcación de Costas una autorización para ocupar un tramo de dominio público marítimo-terrestre en Cala Gració, con la intención de instalar un chiringuito desmontable. Pocos meses después, tanto el Ayuntamiento de Sant Antoni como el Govern informaron favorablemente sobre la solicitud de autorización, la cual fue finalmente concedida y ratificada en abril por la Junta de Gobierno.

Sin embargo, en mayo de 2018, el departamento municipal de Urbanismo dictó un decreto en el que se advertía a la empresa perjudicada que no podría iniciar su actividad, a pesar de haber recibido el permiso inicial. La razón fue la falta de un certificado municipal de finalización de obras. Esta decisión se tomó con el fin de aclarar si el permiso otorgado a la empresa había seguido los trámites y requisitos legales correspondientes.

INFORMES QUE APOYARON LA DECISIÓN ADMINISTRATIVA

Según se recoge en la sentencia, tanto la fiscal como la defensa sostuvieron que los acusados actuaron respaldados por informes técnicos que señalaban irregularidades en el proyecto del chiringuito. Estos informes, elaborados por una arquitecta y una inspectora municipal, advertían que la autorización de Costas era incorrecta, ya que calificaba el suelo de Cala Gració como urbano cuando en realidad es rústico protegido. Además, el proyecto presentado por la empresa no incluía la documentación técnica necesaria para realizar las obras.

La empresa denunciante argumentó que estos informes fueron elaborados de forma intencionada, tras la alarma social generada en la localidad, y que fueron utilizados como pretexto para paralizar la instalación del chiringuito. Según la acusación, la decisión de Tur y Ribas fue tomada por su "simple voluntad" y sin ajustarse al ordenamiento jurídico, lo que justificaría su acusación por prevaricación.

Finalmente, el tribunal desestimó estos argumentos y absolvió a los acusados, al considerar que no existían pruebas suficientes para condenarlos.