La educadora asesinada por tres menores había denunciado amenazas días antes

La auxiliar técnico educativa agredida mortalmente por tres menores en una vivienda de cumplimiento de medidas judiciales en el ámbito educativo de Badajoz había denunciado días atrás a uno de ellos por supuestas amenazas en dicho inmueble, que no cuenta con cámaras ni personal de seguridad.

Así lo ha asegurado la educadora Sheila Gómez, quien ha señalado que "los menores son cada vez más agresivos, por lo que son necesarias más medidas. A quienes cometen estos hechos les sale muy barato matar".

Gómez ha ejercido de portavoz durante una concentración de profesionales de esta rama asistencial ante las puertas del centro de acogida de menores 'Marcelo Nessi' de Badajoz, a la que han asistido representantes de diversas centrales sindicales.

Han exigido tanto a la Junta de Extremadura como a las empresas adjudicatarias de estos servicio de acompañamiento a menores que "tomen las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de los trabajadores, así a los propios menores".

Una educadora de 35 años de una vivienda de cumplimiento de medidas judiciales de Badajoz ha fallecido este domingo como consecuencia de una agresión mortal por parte de tres menores residentes en dicho inmueble, quienes ya han sido detenidos, han informado fuentes de la Policía Nacional.

Fuentes de la investigación han indicado que los detenidos son dos adolescentes de 14 y 15 años y una joven de 17. Según las primeras pesquisas, la educadora pudo ser asfixiada con un cinturón.

En la concentración, donde se han podido leer pancartas con lemas como 'En casa nos esperan' o 'Trabajar no puede costarnos la vida', se ha evidenciado el tenso clima en el que trabajan estos empleados, ya que menores residentes en el centro 'Marcelo Nessi' han proferido insultos desde el interior de estas instalaciones cuando en el exterior tenía lugar la concentración y las declaraciones a los medios.

Si en centros de acogida como el 'Marcelo Nessi son "necesarias más medidas de seguridad y personal", en el caso de las viviendas de cumplimiento de medidas judiciales lo son más, pues no disponen de vigilantes ni de cámaras de seguridad” , ha lamentado.

Tras expresar su "consternación" por la muerte de la educadora, de 35 años y natural de Castuera (Badajoz), Gómez ha afirmado que llevan meses reivindicando más seguridad.

Agustina, trabajadora de este sector y madre de una de las auxiliares en la vivienda donde se produjeron los hechos, ha criticado que tanto la Junta de Extremadura como la empresa responsable de este servicio "no hayan hecho caso de nada".

"Lamentamos que se haya tenido que llegar a una situación extrema, en la que ha perdido la vida una trabajadora, para que se tome conciencia del peligro que diariamente soportan estos trabajadores", han afirmado desde CSIF.

En este sentido, CCOO ha exigido una investigación "minuciosa" de las circunstancias en las que se ha producido esta agresión mortal. "Queremos saber si se habían tomado o no las medidas preventivas necesarias, más aún si se confirma que la propia trabajadora había denunciado previamente la incertidumbre y el miedo en los que vivía por amenazas anteriores".

Asimismo, UGT ha criticado la precariedad laboral y la falta de seguridad en este tipo de centros financiados con fondos públicos aunque gestionados por asociaciones "sin garantías adecuadas".

UGT considera que deberían existir dos profesionales por turno en todos los pisos tutelados, formación obligatoria en prevención y gestión de conflictos y una evaluación y seguimiento de los perfiles de riesgo de los menores acogidos, así como la instalación de sistemas de alarma y comunicación directa con los cuerpos de seguridad.