Las agencias de viajes de Baleares se oponen la ordenanza cívica de Palma por su "impacto negativo" en el turismo
Abiva denuncia que la restricción de visitas guiadas afectará gravemente a las agencias de viajes y a la movilidad en la ciudad
cronicabalear.es | Mallorca, 07 de Febrero de 2025 | 20:47h
La Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares (Abiva) ha expresado su desacuerdo con la ordenanza de fomento de la convivencia cívica en Palma, que aún está pendiente de su aprobación definitiva, debido al "impacto negativo" que tendría en el sector turístico.
LIMITACIÓN A LAS VISITAS GUIADAS Y SUS CONSECUENCIAS
Uno de los puntos más polémicos de la ordenanza es la prohibición de las visitas guiadas que superen las 20 personas. Abiva ha criticado esta medida, considerándola "impracticable" y asegurando que "causa más problemas de los que intenta solucionar". En su comunicado, la asociación ha destacado que esta limitación afectará negativamente al funcionamiento de muchas agencias de viajes, incrementará el coste de los servicios turísticos, empeorará los problemas de movilidad en la ciudad y perjudicará la experiencia tanto de los visitantes como de los residentes.
EFECTOS NEGATIVOS EN EL SECTOR Y EL TRANSPORTE PÚBLICO
Abiva ha señalado que, debido a que la temporada turística ya está reservada para muchos viajeros, cambiar las tarifas ahora resulta imposible, lo que podría llevar a muchas agencias a dejar de operar en Palma. Además, alertan sobre el riesgo de colapso del transporte público, como consecuencia del aumento de costes y la reducción de la capacidad operativa.
Por otro lado, el Colegio Oficial de Guías Turísticos de Baleares (Cogtib) mostró su apoyo a la limitación de los grupos de turistas, considerando que esta medida contribuirá a reducir las molestias que los grandes grupos de turistas pueden generar a los residentes.
ESTADO DE LA ORDENANZA CÍVICA Y EL PROCESO DE APROBACIÓN
La ordenanza cívica recibió el visto bueno de la Junta de Gobierno municipal a finales del año pasado y fue aprobada de forma inicial por el pleno del Ayuntamiento de Palma hace dos semanas. Actualmente, se encuentra en fase de alegaciones, que durará aproximadamente 30 días, y está previsto que regrese al pleno para su aprobación definitiva en la sesión del mes de marzo.
