La jueza llama a declarar como investigado al hermano de Pedro Sánchez
La investigación ha sido impulsada tras una denuncia presentada por Manos Limpias
EFE | Mallorca, 27 de Noviembre de 2024 | 16:13h | Actualizada el 27/11/2024 | 16:58h
El Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz ha citado a declarar el próximo 9 de enero a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y a Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, en el marco de una investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación.
CINCO MESES DE PESQUISAS Y UN INFORME CLAVE DE LA UCO
La investigación, que comenzó hace más de cinco meses tras una denuncia del colectivo Manos Limpias, ha incluido la intervención de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Este cuerpo ha realizado varias inspecciones en las oficinas de la Diputación de Badajoz para recopilar información, incluyendo correos electrónicos, y ha solicitado datos fiscales y bancarios.
El informe de la UCO, presentado a la jueza Beatriz Biedma, apunta a indicios de prevaricación y tráfico de influencias relacionados con la administración pública. Sin embargo, en cuanto al supuesto delito de malversación, no se han encontrado pruebas concluyentes, aunque sí se han pedido detalles bancarios sobre acciones vinculadas a David Sánchez.
EL PAPEL DE DAVID SÁNCHEZ EN LA DIPUTACIÓN
La jueza ha centrado parte de la investigación en los cambios laborales que favorecieron a David Sánchez, quien ingresó en la Diputación en 2017 como coordinador de actividades de conservatorios de música y posteriormente asumió la dirección de la Oficina de Artes Escénicas.
Un capítulo del informe de la UCO destaca modificaciones en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Diputación que habrían permitido cambios en su puesto sin pasar por los trámites de negociación habituales. Ante esto, la jueza ha solicitado a la Diputación información sobre las modificaciones en los organigramas y las fichas de cambios de puestos en los últimos años.
PATRIMONIO: ¿INCREMENTO INJUSTIFICADO O ERROR DE CÁLCULO?
Uno de los puntos clave de la investigación es el supuesto aumento patrimonial de Sánchez, que inicialmente se valoró en 1,4 millones de euros. Sin embargo, la UCO ha aclarado que esta cifra se habría basado en un error de interpretación en las declaraciones de bienes presentadas por Sánchez.
La jueza ha pedido a una entidad bancaria que confirme el valor real de las acciones registradas a nombre del investigado para despejar cualquier duda.
INVESTIGADOS Y TESTIGOS CLAVE
Además de Sánchez y Gallardo, otras siete personas relacionadas con la Diputación, incluidos antiguos responsables de áreas administrativas y culturales, han sido citadas como investigadas. Por otra parte, se tomará declaración como testigos al actual y al anterior director del Conservatorio Superior de Música, así como a la directora del Conservatorio Profesional.
ANTONIO GARROTE
En relación con Antonio Garrote, diputado autonómico y exresponsable de varios cargos en la Diputación, la jueza ha recordado que, como aforado, solo el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura puede actuar si surgen indicios sólidos de responsabilidad penal en su contra. Por ahora, la instrucción sobre Garrote sigue en manos del juzgado ordinario.
UN CASO EN PLENO DESARROLLO
La investigación continúa abierta, y las declaraciones del próximo enero serán clave para esclarecer las presuntas irregularidades en la gestión de la Diputación de Badajoz. Este proceso, que combina elementos administrativos, financieros y políticos, sigue generando expectación mientras se espera más información sobre los implicados y los hechos denunciados.
