El Gobierno aprueba hoy una reforma del reglamento de extranjería para impulsar la migración a través del empleo

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes una amplia modificación del reglamento de extranjería, con la que promete facilitar vías de migración ordenada, legal y segura mediante el empleo, la formación y las redes familiares, además de simplificar la burocracia relacionada con este tema.

OBJETIVOS DE LA REFORMA

Entre las metas principales de esta modificación están reducir plazos, eliminar duplicidades procedimentales, trasponer varias directivas europeas pendientes y velar por los derechos humanos de las personas que buscan regularizar su situación en España. Así lo ha señalado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Esta reforma fue anunciada por primera vez en diciembre del año pasado. Inicialmente, se esperaba su aprobación en la primera mitad de 2024, pero en octubre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó que llegaría al Consejo de Ministros en noviembre.

UN REGLAMENTO QUE SE ADAPTA A LOS NUEVOS TIEMPOS

El reglamento actual data de 2011 y ha tenido modificaciones puntuales desde entonces. La última fue en 2022, cuando se introdujo la figura del "arraigo para la formación", que permite regularizar la situación de quienes han vivido dos años en España si se forman en profesiones demandadas por el mercado laboral.

El pasado junio, la ministra presentó un primer borrador de la reforma que será aprobada hoy. Este texto propone reordenar las figuras de arraigo, reducir los tiempos de residencia o relación laboral exigidos en algunos casos y eliminar otros requisitos.

Según la memoria del borrador, esta reforma busca responder a las "nuevas realidades demográficas y laborales" del país y mejorar las vías de acceso legal para extranjeros de fuera de la Unión Europea. Los tres ejes de esta reforma son el empleo, la formación y las redes familiares.

DISTINTA DE OTRAS INICIATIVAS

Esta reforma es un procedimiento independiente de las negociaciones llevadas a cabo entre el Gobierno y Canarias para modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería. Ese artículo se centra en crear un mecanismo de acogida para menores inmigrantes no acompañados que distribuya la responsabilidad entre todas las comunidades autónomas.

Tampoco tiene relación con la iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de extranjeros, avalada por más de 600.000 firmas, que busca beneficiar a unos 500.000 inmigrantes en situación irregular y sigue en trámite en el Congreso.

Esta reforma supone un paso importante hacia una legislación más adaptada a las necesidades sociales y laborales de España.