Cort se persona como acusación en la causa judicial por el derrumbe mortal en Playa de Palma
Cabe recordar que cuatro personas fallecieron en el derrumbe del Medusa Beach
Redacción | Mallorca, 06 de Noviembre de 2024 | 13:17h
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este miércoles su personación como acusación en el procedimiento judicial que el Juzgado de Instrucción número 9 de Palma mantiene abierto contra el propietario del establecimiento Medusa Beach, cuyo derrumbe el pasado 23 de mayo causó la muerte de cuatro personas y dejó heridas a una veintena.
Así lo ha anunciado en una rueda de prensa la portavoz municipal, Mercedes Celeste, quien ha recordado que los informes técnicos de los técnicos de Urbanismo del Consistorio determinaron que la terraza que se derrumbó carecía de licencia de actividad y ocupación, entre otras irregularidades.
Cort, ha incidido Celeste, puso a disposición de la Fiscalía toda esta información y en un primer momento ya expuso que, si fuera necesario, se personarían en un futuro procedimiento judicial, decisión aprobada este miércoles en la Junta de Gobierno y que se hará efectiva próximamente.
Tres días después del suceso la Policía Nacional detuvo al responsable de la empresa que explotaba el Medusa Beach, ubicado en la Playa de Palma, como supuesto autor de cuatro delitos de homicidio y seis de lesiones graves, todos ellos por imprudencia.
PAGO POR LOS INTERESES DE UNA OBRA NO REALIZADA
Por otra parte, en la Junta de Gobierno de este miércoles se ha puesto sobre la mesa la sentencia de un Juzgado de lo Contencioso Administrativo que obliga al Ayuntamiento a abonar 32.000 euros en concepto de intereses a la empresa a la cual le fue concedida, y luego retirada, la licencia para la construcción de un aparcamiento en Ses Fontanelles.
Según ha explicado Celeste, en 2014 la compañía recibió la correspondiente licencia de obras para construir un aparcamiento subterráneo y en superficie, así como para la urbanización interior y de edificios de locales sin uso determinado. Por ello, la mercantil abonó cerca de 2,4 millones de euros al Consistorio en impuestos.
No obstante, cuatro años después la gerencia de Urbanismo de Cort dejó sin efecto esta licencia, de manera que en 2020 reclamaron el retorno de la cantidad abonada y unos intereses que más de 32.000 euros. El Ayuntamiento, ha admitido su portavoz, pagó la primera cantidad, pero rechazó pagar la segunda.
Ahora, la sentencia estima de forma parcial las pretensiones de la empresa, por lo que Cort deberá abonar los intereses que exigían.
