Los 'rent a car' muestran "preocupación" por la limitación del número de coches en Mallorca

La patronal de empresas de alquiler de vehículos de Baleares Baleval ha pedido este jueves diálogo al Consell de Mallorca "antes de adoptar ninguna prohibición sobre los vehículos en la isla", después de que el presidente, Llorenç Galmés, anunciara una propuesta legislativa para limitar la entrada de vehículos, incluidos los 'rent a car'.

Baleval ha manifestado en un comunicado su preocupación por el anuncio de una proposición de ley para limitar el número de vehículos de alquiler y ha pedido conocer el informe elaborado por el Consell, que ha realizado una medición de la carga de las carreteras de la isla. El presidente de Baleval, Julio Nieto, ha pedido una reunión con el presidente del Consell y ha recordado que la asociación está preparando un informe con datos concretos del peso del sector del alquiler de vehículos sin conductor en Baleares, "tanto de contribución social y económica como del tamaño real del parque móvil" y que estará terminado antes de finalizar el año.

Según Baleval, otra medida similar está en tramitación en el Parlament y está "basada en un informe de impacto sin el rigor que precisaría una proposición de ley de esta importancia". La patronal considera que la propuesta del Consell de Ibiza de limitar los vehículos supone "una restricción de derechos constitucionales, como son la libertad de circulación de personas y mercancías, la libertad de establecimiento de personas y empresas y el derecho a la libre competencia". Advierten de que la motivación de las medidas requiere "una exigencia reforzada de justificación" y señalan que reproducen las medidas ya aprobadas en Formentera, impugnadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y por partes afectadas.

"Baleval espera que el Consell Insular de Mallorca no caiga en los mismos errores", advierten y piden una mesa de diálogo con los distintos sectores afectados para analizar conjuntamente la rigurosidad del estudio de carga realizado y consensuar "qué medidas, si cabe, se podrían adoptar". Reclaman "hacer un estudio serio sobre las distintas medidas que se podrían adoptar y el impacto que tendría cada una de ellas" y que se apliquen "las menos lesivas para conseguir el objetivo perseguido" y se garantice la seguridad jurídica.