Un juez explica cómo expulsar de forma rápida a los okupas de las viviendas

Uno de los principales desafíos que enfrentan los propietarios cuando su propiedad es okupada ilegalmente es lograr desalojar a los ocupantes.

Esto se debe a que, generalmente, quienes cometen este tipo de acciones conocen bien las tácticas para mostrarse como personas vulnerables, lo que puede dificultar la intervención inmediata de la Policía o la justicia.

El magistrado del Tribunal Supremo, Vicente Magro, aborda esta problemática en su libro titulado 'Cómo afrontar jurídicamente la ocupación ilegal de un inmueble', el cual describe como una guía sobre lo que considera uno de los problemas más graves en la actualidad. Según Magro, este fenómeno ha perdurado en el tiempo sin que se tomen medidas adecuadas, lo que ha generado en la sociedad una sensación de impunidad. Así lo expresó en el programa de radio "La trinchera".

Magro también critica la Ley de Vivienda por haber desperdiciado una oportunidad clave para abordar este problema, señalando que España es el único país de Europa donde esta situación se maneja de forma tan prolongada. Pone como ejemplo países como Italia, Francia, Alemania, Holanda o Bélgica, donde muchos casos se resuelven en un plazo de 72 horas.

El magistrado también explica en su obra cómo proceder en casos de inquiokupas, personas que dejan de pagar el alquiler pero se niegan a abandonar el inmueble. En estos casos, Magro subraya que no suelen considerarse okupación, sino impago de la renta, lo cual se resuelve habitualmente por la vía civil.

No obstante, ofrece una alternativa para agilizar el proceso: llevar el caso por la vía penal, lo que permitiría solicitar medidas cautelares, como la expulsión inmediata de los inquilinos que permanecen en la vivienda sin pagar. "Si alguien deja de pagar tras los primeros meses con la intención de no cumplir el acuerdo, esto es una estafa", asegura el magistrado.

EL FACTOR DE LA VULNERABILIDAD

Otro aspecto que Magro destaca como causante de la lentitud en los procesos de desalojo es el uso de informes de vulnerabilidad por parte de los ocupantes. El magistrado considera que la concesión de esta vulnerabilidad debería ser investigada de manera más rigurosa. Según denuncia, en muchos casos los informes se otorgan tras simples llamadas telefónicas sin realizar comprobaciones exhaustivas.

Por ello, aboga por una Ley Integral de la Okupación, que ofrezca una solución integral y que proporcione seguridad jurídica tanto a los ciudadanos como a los profesionales del derecho.