La ONU acusa al Gobierno venezolano de crímenes de lesa humanidad en las elecciones de 2024

La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela afirmó este martes que tiene motivos razonables para creer que el gobierno de Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Estas elecciones estuvieron marcadas por la persecución de opositores y la represión de las protestas tras los comicios.

CRÍMENES DOCUMENTADOS EN EL INFORME

En un informe de 158 páginas, que abarca el periodo entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024, la misión acusa a fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales de asesinatos, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual. Las fuerzas de seguridad estuvieron "involucradas masivamente" en estas violaciones, destacándose los servicios de inteligencia civil (SEBIN) y militar (DGCIM), además de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional.

RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO Y LAS INSTITUCIONES

El informe también señala que las declaraciones de las máximas autoridades del Estado fomentaron la represión y contribuyeron a generar un clima de hostilidad y violencia. Instituciones como el Consejo Nacional Electoral y la Asamblea Nacional también fueron señaladas por incumplir medidas de transparencia y aprobar leyes contrarias a los derechos humanos.

AMPLIACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE REPRESIÓN

A diferencia de informes anteriores, el documento destaca que durante el periodo electoral, las víctimas de la represión se ampliaron, abarcando no solo a líderes opositores, sino también a ciudadanos comunes que expresaron su desacuerdo con el gobierno o los resultados electorales.

DETENCIONES MASIVAS E INDISCRIMINADAS

La misión, presidida por la jurista Marta Valiñas, informó que 48 personas fueron detenidas por conspiraciones alegadas por el gobierno antes de las elecciones, y otras 121 durante la campaña electoral. Tras los resultados, las autoridades lanzaron una campaña de detenciones masivas, comparables a las protestas de 2014, 2017 y 2019.

Este informe subraya una vez más el deterioro de los derechos humanos en Venezuela bajo el gobierno de Maduro, señalando patrones de represión generalizada que afectan tanto a opositores políticos como a la ciudadanía en general.