Juicio a la excúpula de Sa Nostra: Mañana comienza el nuevo juicio en la Audiencia Nacional

El lunes comienza en la Audiencia Nacional un nuevo juicio por apropiación indebida y administración desleal contra la antigua cúpula de la extinta caja de ahorros Sa Nostra, en el que se sentarán en el banquillo los ex directores generales de la caja Pere Batle y Pau Dols. También figura como acusado el expresidente de la entidad Fernando Alzamora en relación con la financiación entre 2006 y 2010 de un proyecto inmobiliario del Grupo Sotohermoso en la provincia de Huelva, que habría causado a la caja un deterioro de 33 millones de euros.

Se trata de la tercera vez que Batle, Dols y Alzamora se sientan en el banquillo, ya que en abril de 2022 la Audiencia Nacional absolvió por segunda vez a los exdirectivos por la financiación de una operación inmobiliaria del fallecido empresario Martín Gual para desarrollar un proyecto en Son Bordoy (Mallorca). Entonces, la Sala atendió el recurso del abogado del Estado en representación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), revocó el fallo inicial y ordenó que se dictara nueva sentencia, para evaluar de nuevo toda la prueba practicada.

En julio de 2021, la Audiencia Nacional absolvió a Batle y Dols, al subdirector Rafael Gerardo Oliver y al empresario Francisco Javier Collado al entender que no se aportó "ni prueba ni indicio alguno de la comisión" de los presuntos delitos de apropiación indebida y administración desleal que se les achacaba.

A los acusados se les atribuían delitos continuados de apropiación indebida y administración desleal por una serie de operaciones con la inmobiliaria Martín Gual en Palma de Mallorca, pero la Audiencia descartó que "al concertar y materializar las operaciones financieras, tuvieran la dolosa intención de actuar en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo", o que hubieran dispuesto de forma fraudulenta de los bienes de la caja.

La Fiscalía Anticorrupción sostenía que la antigua cúpula de la caja concedió préstamos al Grupo Martín Gual a sabiendas de la delicada situación de la constructora, sin tener en cuenta a los órganos de gobierno de la caja de ahorros y en contra de los intereses de ésta. En concreto, operaciones que causaron un perjuicio económico que oscila entre 48 y 50 millones de euros, detectadas por el FROB, que en 2015 puso cinco expedientes en conocimiento de la justicia.

Por ello, la Fiscalía pidió penas para Batle, Dols y Oliver de cuatro años de cárcel, mientras que para Collado solicitó dos años y seis meses de prisión. Sin embargo, la Audiencia Nacional entendió que no hubo dolo porque no se provocó "un perjuicio económicamente evaluable a sus socios, depositarios, cuanta partícipes o titulares de los bienes, valores o capital" que administraban los acusados, por lo que no cabía imputarles por administración desleal.