Las familias desalojadas de Can Rova pagaban entre 500 y 700 euros por parcelas

Las familias desalojadas de Can Rova pagaban por las parcelas entre 500 y 700 euros al mes, electricidad aparte, y algunas temían al arrendador por haber recibido amenazas.

Así lo ha afirmado este lunes en una nota de prensa el Ayuntamiento de Santa Eulària, que ha celebrado una comisión informativa en la que se ha informado a los grupos de la oposición sobre el expediente referente al camping ilegal de Can Rova.

INVESTIGACIÓN Y PROCEDIMIENTO LEGAL

Según ha indicado el Consistorio, para aclarar diferentes cuestiones ha estado presente personal técnico de los diferentes departamentos implicados.

También se ha informado de que se mantiene una presencia extraordinaria de los Servicios Sociales en oficinas municipales de Puig d'en Valls para atender a los desalojados sin cita previa. Igualmente, se realiza desde Santa Eulària el seguimiento a las personas que han recibido ayuda por parte del Consistorio.

El Ayuntamiento ha relatado que tuvo conocimiento por primera vez de actuaciones irregulares en esta parcela el 9 de mayo de 2022, cuando la Policía Local acudió a la zona tras recibir una llamada.

Una empresa de servicios de grúas comunicó que tenía arrendado el terreno como depósito de vehículos. Poco después, se logró hablar con el propietario, quien impidió el acceso a la finca a los agentes.

No se pudo demostrar que hubiera actividad irregular, pero sí la existencia de vehículos y construcciones que parecían ser recursos habitacionales.

Santa Eulària ha explicado que abrió un expediente que se comunicó a todas las partes, y se expidió una orden de ejecución para devolver el terreno a la normalidad.

Las personas propietarias del 83 por ciento de la finca iniciaron un procedimiento civil de desahucio ante la negativa del explotador del terreno de proceder a la limpieza del solar y la recuperación de su estado original.

En diciembre de 2023, el tribunal falló en contra de los denunciantes, quienes presentaron un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. En esta ocasión, el pasado marzo, el sentido de la sentencia fue contrario, y determinó el desahucio y desalojo de toda la parcela.

Desde el Consistorio han informado que, cuando tuvieron conocimiento de ello, se coordinó con los copropietarios y la Secretaría del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Ibiza para determinar la mejor manera de llevar a cabo el mandato judicial.

RIESGOS Y DEFICIENCIAS EN EL CAMPING

El Ayuntamiento ha destacado además que, desde la primera inspección hasta la última, la parcela no solo había intensificado su actividad, sino también la cantidad de personas acampando de forma irregular en el terreno.

En inspecciones más minuciosas, se pudo certificar que el propietario cobraba por las parcelas y que existían riesgos graves e inminentes para las personas.

La situación eléctrica era "un riesgo inaceptable para la seguridad pública" y se instaba a "tomar medidas inmediatas para corregir las infracciones y proteger la vida y el bienestar de los residentes y la comunidad en su conjunto".

Entre otras deficiencias, en el camping ilegal se encontraron conexiones eléctricas en mal estado, el uso excesivo de extensiones y conexiones múltiples, ausencia de dispositivos de protección básicos para prevenir accidentes e incendios, falta de equipos de extinción de incendios, cuadros eléctricos instalados a la intemperie en los árboles, y bidones de gasolina con surtidor, entre otros.

ATENCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

El Ayuntamiento ha explicado que los primeros desplazamientos del equipo de Servicios Sociales se llevaron a cabo el 6 de mayo de 2024, cuando se recibió el primer requerimiento de ayuda por parte de una unidad familiar.

A raíz de aquellas intervenciones, se tuvo contacto con siete núcleos familiares vulnerables en los que vivían 14 menores de edad.

También se identificó a una persona que ejercía como supervisor y se determinó que había vehículos y construcciones precarias, muchas de ellas sin el equipamiento básico y los servicios mínimos necesarios como agua corriente, calefacción, electricidad, equipo para cocinar o elementos de higiene personal.

Todo ello hacía que el entorno supusiera un "riesgo grave para la integridad física de las personas", quienes vivían "en condiciones inadecuadas de habitabilidad", ha resaltado el Consistorio.

El informe técnico destacó también que existían "carencias graves de higiene y salubridad, y riesgo de aparición de plagas no controladas de insectos, parásitos u otros animales capaces de transmitir enfermedades o causar lesiones a las personas, en especial a los menores".

El Ayuntamiento ha repasado en la comisión la labor realizada tras el desalojo, destacando que antes del 31 de julio fueron atendidas 14 familias, de las cuales cuatro se fueron de la isla antes del desalojo.