Uno de los jesuitas acusado de agresiones sexuales en Mallorca niega haber forzado a la víctima
El hombre ha reconocido besos y caricias, pero en todo caso mutuos y consentidos
EP | Mallorca, 26 de Junio de 2024 | 15:53h
Uno de los jesuitas denunciado por agresiones sexuales por una mujer en Mallorca ha negado este miércoles, en el Juzgado de Instrucción número 5 de Palma, haber forzado a la víctima, con la que ha reconocido besos y caricias pero en todo caso mutuos y consentidos.
El hombre estaba citado a declarar por la mañana ante el Juzgado, donde la semana pasada también fue interrogado un sacerdote diocesano también señalado por abusos en la misma denuncia. Hay un tercer religioso, otro jesuita, también investigado.
La mujer, de 54 años y con discapacidad, sostiene en su denuncia ante la Guardia Civil que el hombre la violó en repetidas ocasiones entre 1988 y 2009 en distintos puntos de Mallorca, entre ellos el Colegio Montesión. La mujer exponía que en 2021 recibió una carta de disculpas por parte del padre superior de la Compañía de Jesús en España.
En su declaración, que se ha practicado por videoconferencia, el jesuita denunciado ha negado tajantemente esa versión, según han informado fuentes próximas al caso.
El hombre ha contestado a todas las preguntas de la acusación, su defensa y la jueza de Instrucción. Ha reconocido caricias y besos con la víctima, hace más de 20 años y de forma esporádica, pero siempre mutuos y consentidos. En este sentido, ha expresado que no recuerda que los contactos entre ambos fueran más allá. Además ha dejado claro que cuando conoció a la denunciante ésta ya era mayor de edad.
En cualquier caso, el hombre ha afirmado que la mujer nunca se opuso, y que cuando ella comenzó una relación con su novio, él se alejó. De hecho, el religioso ha destacado que él mismo ofició la posterior boda porque ella se lo pidió, años después.
SANCIONES CANÓNICAS A LOS JESUITAS
La Compañía de Jesús supo de la acusación en abril de 2021 a través de la denuncia al Obispado de Mallorca, según han informado desde la congregación. Al igual que con el sacerdote diocesano, el caso ya tuvo un recorrido canónico para los jesuitas, en sendos procesos que terminaron en 2022 y 2023.
Los dos jesuitas fueron exculpados --porque los hechos aludidos no constituían delito según el código canónico vigente en el momento en que ocurrieron los hechos--, pero dada la gravedad de las conductas se apartó a ambos de la actividad pastoral.
En concreto, se les prohibió cualquier contacto con la víctima, así como ejercer ministerios públicos y cualquier actividad pastoral que no esté expresamente autorizada por la Compañía. Además, los dos religiosos necesitan permiso de su superior local para ausentarse de las comunidades donde residen. Todas estas medidas siguen en vigor en la actualidad.
En este contexto, la Compañía de Jesús ha expresado su voluntad de "hacer verdad y justicia, acompañar a las víctimas y reparar el daño cometido y poner medidas para prevenir cualquier abuso". Su oficina de Entorno Seguro ha mantenido contacto con la víctima y se le ha ofrecido acompañamiento con "diversas medidas de reparación". "Reiteramos nuestro total apoyo en los pasos que crea necesario dar", han declarado desde la congregación.
La Compañía ha insistido en su compromiso "inequívoco" para "crear entornos seguros" con "medidas para la prevención, formación, sensibilización y detección de cualquier tipo de abuso o conducta inapropiada que pueda producirse" en sus escuelas, para lo que han habilitado un correo electrónico para comunicar esa clase de informaciones.
LA JUEZA RECHAZA LA DECLARACIÓN DEL OBISPO DE MALLORCA
Para este miércoles estaba prevista la declaración del otro jesuita también denunciado por parte de la misma mujer, pero la prueba ha sido aplazada. Mientras, el Juzgado ha rechazado la testifical del Obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, y el vicario episcopal, Nadal Bernat, que había solicitado el abogado de la denunciante.
El pasado jueves, el sacerdote diocesano también compareció ante el Juzgado palmesano. Los hechos que se le atribuyen habrían ocurrido entre 1994 y 2020, desde que la víctima tenía 24 años y él, 50. El religioso se mantuvo en que mantuvieron relaciones siendo la denunciante plenamente adulta y con pleno consentimiento --incluso afirmó que por iniciativa de ella--.
El sacerdote pasó por un procedimiento eclesiástico que declaró probadas relaciones sexuales con la víctima pero no que hubiera un prevalimiento de su discapacidad. En este sentido, se le sancionó por romper el celibato. La sanción final le impuso "una vida apartada de retiro, oración y penitencia" con prohibición de celebrar misa en público. El Obispado reconoció que las "conductas impropias" del sacerdote habían "causado daño físico y psíquico a la víctima".
