Caso Koldo: El PP dice que el anterior Govern ocultó información importante a la Guardia Civil

El PP ha visto acreditado, una vez ha finalizado la comisión de investigación del Parlament por el caso mascarillas, que el exasesor del Gobierno Koldo García, "valiéndose de su posición en el Ministerio", medió en la adquisición de este material entre el IbSalut y la empresa Soluciones de Gestión, y que se ocultó información "esencial" sobre el citado expediente de compra.

Así lo ha indicado en rueda de prensa el portavoz del PP en la citada comisión de investigación, José Luis Mateo, quien ha empezado su intervención ante los medios agradeciendo "al personal, a los grupos, a los equipos de trabajo y a los comparecientes" su participación. "Entre todos hemos realizado un gran trabajo", ha remarcado.

Seguidamente, ha desgranado algunas de las "diversas conclusiones" que los 'populares' extraen de la comisión de investigación y las propuestas que realizan al respecto.

La primera es que el exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, "valiéndose de su posición en el Ministerio", medió para la compra de las mascarillas entre el IbSalut y la empresa Soluciones de Gestión.

También ha visto constatado que ninguno de los comparecientes aclara quién facilitó el móvil personal de Manuel Palomino al Ministerio, a través del cual se iniciaron los contactos para la compra.

A esto, el PP ha añadido que el entonces director del IbSalut, Juli Fuster, y director de compras, Manuel Palomino, asumen que no informaron al Govern ni a sus sucesores sobre que el expediente por la compra de mascarillas estaba siendo investigado por la UCO ni que dicha unidad había accedido en busca de la documentación de ese expediente a las dependencias del Servicio de Salud.

En resumen, ha creído que existen "argumentos de peso" que les llevan a pensar que se ocultó información importante a la Guardia Civil, a la Oficina Anticorrupción y a la Intervención de la Comunidad. "En definitiva, se ocultó información, no de cierta importancia, sino esencial para echar atrás el contrato".

El PP, al margen de las conclusiones, ha presentado también algunas propuestas de mejora, entre ellas instar al Govern a llevar a cabo una auditoría completa de todos los contratos de emergencia de la pandemia.

Igualmente, proponen elaborar una normativa en materia de contratación de carácter sectorial para el concreto ámbito de la sanidad; que en los traspasos de poderes se informe de la existencia de cualquier expediente que esté abierto y sea objeto de investigación judicial, y que se informe a la dirección de fondos europeos de cualquier incidencia que pueda afectar a la calidad y precios de productos y operaciones que puedan llevarse a cabo.

CONCLUSIONES

En un escrito registrado posteriormente a la rueda de prensa, el PP detalla la propuesta de conclusiones extraídas tras la comisión de investigación.

En primer lugar, refieren que el procedimiento utilizado para concretar la operación que culminó con la compra de 1,4 millones de mascarillas tuvo lugar al margen de lo expresamente marcado desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Sobre esto, recalan que el material se adquirió siguiendo la tramitación de emergencia, algo que no se cuestiona, "si bien es cierto que los contactos no se producen siguiendo el procedimiento marcado por el Ministerio".

En detalle, sostienen que "no parece haber ningún rigor en el hecho de aceptar una oferta de mascarillas ofrecidas vía telefónica por quien dice ser un representante del Ministerio de Fomento sin llevar a cabo ninguna otra comprobación".

De otro lado, señalan que en los primeros contactos no se acredita quién informó al Ministerio de que la persona de contacto para este tipo de gestiones era Palomino, "algo que una persona que desconociese el funcionamiento del IbSalut no podría haber sabido".

Tampoco se puede establecer quién facilitó el móvil personal de Palomino al Ministerio de Transportes sin que se hiciera una comprobación "rigurosa y pormenorizada" de la documentación aportada por la empresa, a la vez que puntualizan que otras CCAA rechazaron las mascarillas ofrecidas por Koldo "por diferentes causas, entre ellas que la documentación aportada era deficiente o que no se podía comprobar la calidad del material ofrecido".

Igualmente, el PP cuestiona el hecho de que se diga que compraron las mascarillas para uso domiciliario cuando debían serlo para uso hospitalario ni que se justifique que la cantidad necesaria fuese 1,5 millones de mascarillas.

Por otra parte, indican que Palomino, Mascaró y Negueruela afirmaron que las mascarillas eran KN95 y estaban destinadas a stock de seguridad, "quedando patente que eso no es cierto". Justifican este extremo con la declaración de Marcote, que evidencia que "nunca formaron parte de ese stock y nunca se pasaron sus datos como parte de ningún stock en la información que semanalmente se transmitía al Ministerio".

Entre otras conclusiones, el PP remarca también que sigue sin saber, tras las comparecencias en la comisión, qué mascarillas se compraron y qué mascarillas se recibieron, y por qué se pagaron íntegramente "a pesar de la dudosa operación formalizada en tiempo récord, teniendo órdenes de inmovilizarlas desde antes de su llegada a Palma".

También concluyen que se recibieron mascarillas que "no cumplen ni sirven como FFP2, ni posiblemente como KN95"; que se emitió por parte de Mascaró un certificado de correcta ejecución, aun sabiendo meses antes que las mascarillas no cumplían con la calidad exigida; que este certificado permite a la empresa seguir contratando con la administración y hace constar que ha contratado durante 2020 con el IbSalut "sin tenerse conocimiento a fecha de hoy de ninguna incidencia", y que las mascarillas se pagaron con fondos europeos "ocultando el informe del Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP)".

El PP, además, cree constatado que el Govern de Armengol "ocultó hasta en dos ocasiones, de forma intencionada, el informe del CNMP", y que se ocultó a Intervención, a la Oficina Anticorrupción y a la UCO.

También concluyen que la UCO se personó en el IbSalut pero que Palomino "no les proporciona toda la documentación que obra en su poder relativa al expediente objeto de investigación".

Asimismo, el PP refiere que el anterior Govern nunca reclamó y dice tener "serias dudas" de que hubiera presentado una propuesta de inicio de resolución parcial si el PSIB hubiera ganado las elecciones autonómicas.

Por último, señalan que se ocultó información "esencial" relativa a este expediente en el traspaso de poderes al actual Govern; que la reclamación para recuperar lo pagado por unas mascarillas "que no cumplen" la inició el Govern actual; que no hubo "orden, presión o directriz de ningún miembro del Govern ni del IbSalut a ningún funcionario respecto a este expediente, y que durante la legislatura 2019-2023 no se articuló durante más de tres años ninguna reclamación a la empresa, mientras que en los primeros meses de la siguiente legislatura se articularon hasta dos procedimientos.

Para finalizar, los 'populares' concluyen que la revisión de oficio para la declaración de nulidad del expediente es "un mecanismo adecuado" y que Koldo García se valió "de su posición en el Ministerio e influencia sobre los cargos socialistas del Govern" para mediar en la compra de mascarillas entre el IbSalut y la empresa investigada.

También que tanto Fuster como Palomino asumen que no informaron a ningún miembro del Govern ni tampoco a sus sucesores sobre que el expediente por la compra de mascarillas estaba siendo investigado.