Caso Koldo: El Govern insiste en que el contrato de compra de mascarillas "es nulo de pleno derecho"

El vicepresidente del Govern, Antoni Costa, ha asegurado este viernes que el contrato por el que el ejecutivo balear compró 1,5 millones de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión en 2020 "no se debería haber celebrado nunca, es nulo de pleno derecho desde el origen".

Costa ha explicado que esa será la base del procedimiento administrativo extraordinario de revisión por el que el Govern reclamará los 3.701.500 euros pagados en 2020 por 1.480.600 mascarillas a una empresa que ahora es investigada por la Audiencia Nacional en el caso Koldo por el cobro de presuntas comisiones.

"Lo que estamos acreditando es la nulidad del contrato", ha respondido Costa en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, para justificar la nueva reclamación por la que se pide a la empresa la devolución de todo lo abonado, tras desistir de la reclamación anterior de 2,6 millones de sobrecoste porque las mascarillas eran una calidad inferior a la solicitada.

Según el vicepresidente, el contrato de compra es nulo "por el objeto social de la empresa y por criterios de solvencia técnica y económica", por lo que "se puede decretar la nulidad del contrato", sin que influya que el Govern en su día certificara como satisfactoria la recepción del material sanitario. "Es igual lo que dijo el subdirector de compras en su momento", ha insistido sobre ese certificado.

Costa ha añadido que ese nuevo procedimiento administrativo de reclamación "no excluye la vía penal", en la que el Govern ha insistido este viernes en solicitar personarse como perjudicado (como acusación particular) en la causa que investiga la Audiencia Nacional.

"Habrá un procedimiento extraordinario de revisión por 3,7 millones con más garantías y una reclamación por la vía penal", ha insistido.

Sobre el anuncio del desistimiento del otro proceso de reclamación, por 2,6 millones de euros, Costa ha afirmado que "en ningún momento el plazo de resolución ha sido de 3 meses, es un error administrativo; son 8 meses y no ha prescrito".

Costa ha recalcado que la desestimación "no se hace porque prescriba el expediente" ni está condicionada por el error formal del plazo de caducidad, sino que se produce porque existe otra posibilidad para reclamar la devolución de todo el importe en vez de una parte, y además presenta más garantías .

"¿Por qué deberíamos solicitar 2,6 millones si tenemos la posibilidad de solicitar 3,7 millones declarando la nulidad del contrato a raíz de las informaciones que se han ido sucediendo", ha cuestionado.

Además, Costa ha alegado como segunda razón que en ese primer expediente de reintegro, "las garantías para resarcir a la comunidad eran inferiores a las que existen en este procedimiento de revisión de oficio".

"Estas dos razones provocan que se desista del procedimiento anterior y se inicie el nuevo que consideramos que es mucho mejor para que la comunidad autónoma pueda resarcirse de 3,7 millones y tener más garantías de que eso se produzca", ha concluido.