La pareja de Ayuso se querellará contra la ministra de Hacienda por revelación de secretos

Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se querellará contra la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y estudia denunciar a la Fiscalía y a la Agencia Tributaria por "revelación de secretos".

Según han confirmado fuentes del entorno de González Amador, este emprenderá acciones legales contra la ministra de Hacienda después de que aludiera a la venta de mascarillas que habría cobrado antes de que esta información fuese publicada por elDiario.es.

Además, su equipo jurídico está estudiando presentar otra querella contra la Fiscalía por la nota difundida este jueves de su actuación con respecto a la denuncia interpuesta contra la pareja de Díaz Ayuso y otras cuatro personas por los presuntos delitos de defraudación tributaria y falsedad documental, que trascendió este martes y según la cual habría defraudado 350.951 euros a Hacienda entre 2020 y 2021 a través de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla.

Según la Fiscalía, el propio denunciado reconoció los presuntos delitos fiscales a través de su abogado cuando propuso un pacto de conformidad el pasado 2 de febrero, y aceptaba una sanción penal.

Esta propuesta de conformidad "reconocía la autoría del señor González Amador de la comisión de 'dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto sobre Sociedades, 2020 y 2021'", subrayó la Fiscalía.

LA ABOGACÍA DE MADRID VE UNA GRAVE REVELACIÓN 

 El Colegio de la Abogacía de Madrid considera de "extrema gravedad" la revelación por parte de la Fiscalía Provincial de datos de las conversaciones del abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con el fiscal.

Así lo indica el Colegio de la Abogacía en un comunicado en el que informa de que "tomará las medidas pertinentes" en su Junta de Gobierno del próximo lunes.

El Colegio de la Abogacía de Madrid califica de "extrema gravedad la revelación por parte de la Fiscalía, a través de un comunicado oficial, de datos concretos de unas diligencias de investigación, detallando fechas y contenido de conversaciones y reuniones, produciendo todo ello una ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados".

Recuerda que "el Estatuto de la Abogacía establece en su artículo 22 sin paliativos el deber y el derecho de los abogados a mantener en secreto todas las comunicaciones y propuestas relacionadas con el ejercicio de su profesión, garantizando así la confianza y la protección de los derechos de sus defendidos",

Añade que "además el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal destaca en su artículo 4 el límite de la obligación de informar por parte de la Fiscalía, haciendo hincapié en el respeto al secreto del sumario y a los deberes de reserva y discreción inherentes al cargo, así como a los derechos de los implicados".

Para el Colegio de la Abogacía "este marco legal subraya la importancia del secreto profesional, especialmente en las interacciones entre fiscales y abogados, ya sea durante las diligencias de investigación o en el transcurso de los procedimientos judiciales".

A juicio del Colegio, "la divulgación de cualquier información relacionada con las posiciones o estrategias legales de las partes sin un acuerdo de conformidad formalizado constituye una vulneración de estos principios básicos de sigilo, confianza y buena fe y pone en riesgo la neutralidad que debe caracterizar la actuación del Ministerio Fiscal".

El Colegio anuncia que "como garante del derecho de defensa y de todos los colegiados" defenderá "a ultranza" estos principios y someterá a la consideración de su próxima junta de gobierno, como punto extraordinario, "cuantas medidas sean necesarias para garantizar que se respeten en todos los ámbitos de la práctica profesional".

Por ello señala que a instancias de su Comisión Ejecutiva la Junta de Gobierno del Colegio se reunirá el próximo lunes "para examinar con todo detalle estos hechos con el compromiso de velar por el ejercicio del derecho de defensa y el secreto profesional, como pilares básicos del derecho a la tutela judicial efectiva, piedra angular del Estado de derecho, llegando hasta las últimas consecuencias".