Reclaman una planificación "urgente" a las instituciones ante el "boom de la fotovoltaica" en Mallorca

El grupo ecologista GOB, dentro de la plataforma Renovables sí, però aixi no!, ha exigido este martes a las administraciones públicas una planificación energética y territorial "urgente" para proteger el suelo rústico ante el 'boom' de parques fotovoltaicos que consideran que ha habido en el último lustro en Mallorca.

Esta ha sido una de las peticiones que ha realizado la entidad durante la presentación de un mapa de la situación actual de instalaciones solares en la isla. "Las administraciones están eximiéndose de su responsabilidad" y "dejan que la empresa privada planifique este territorio en función de su rentabilidad", ha subrayado la portavoz del GOB, Margalida Ramis.

Ramis ha expuesto que, en la actualidad, hay 140 centrales fotovoltaicas en funcionamiento o en tramitación en suelo rústico con una ocupación total de 1.314 hectáreas. Por tanto, ha planteado que "cada ayuntamiento haga su propia transición energética, en sus edificios, en suelos de superficie madura o urbanizados, y con la participación de la ciudadanía".

El mapa, confeccionado a partir de imágenes de satélite y datos públicos por el geógrafo y miembro del GOB, Mateu Vic, ha mostrado que en 2006 no existían estas instalaciones en Mallorca. En todo caso, fue a partir de 2008 cuando por primera vez se registraron 20 centrales que ocupaban 101 hectáreas. A partir de entonces, el crecimiento fue paulatino hasta 2012, donde se cuantificaron 32 centrales con 160 hectáreas.

Hasta 2021 no se registró "un incremento significativo", ya que había 48 parques fotovoltaicos con una extensión de 273 hectáreas. Por tanto, el pico "del boom" se establece en el año 2023, debido a que se notificaron 74 centrales con 407 hectáreas, a la vez que había en trámite otras 66 centrales con alrededor de 907 hectáreas.

Los términos municipales en donde se han ubicado principalmente estos parques son en los de Palma, Bunyola, Marratxí y Santa María, en donde se destaca la central fotovoltaica más grande de la isla, situada en Pontiró I y Pontpiró II. Asimismo, el geógrafo ha considerado que en el término municipal de Llucmajor, hay afectada "una parte significativa" de la zona protegida de Sa Marina.

Ante esta situación, la portavoz del GOB ha declarado que "las inversiones privadas añaden más presiones al suelo rústico de Mallorca y esto responde a una transición energética que no está adaptada al territorio". Ha argumentado que la utilización del suelo rústico debería estar dirigida a la actividad agraria, "pero aquí cabe todo, sin embargo, en las zonas degradadas o industriales en las que se podrían hacer estos parques apenas hay".

A su vez, Ramis ha expresado la preocupación del colectivo por el futuro de estas instalaciones debido a que, con un uso útil estimado entre los 25 y 30 años, se preguntan de quien es la responsabilidad cuando su funcionamiento quede obsoleto puesto que "en 30 años se acabará la explotación y no se sabe qué pasará".

Por otra parte, la coportavoz de la Plataforma, Margalida Rosello, ha explicado que la energía generada "no va para el pueblo, sino que las empresas hacen negocio con la venta de energía que, después, irá al 'mix' energético en el que están el resto de renovables y combustibles fósiles" y, ha añadido, "en este negocio apenas se necesita personal, ya que funcionan de manera monitorizada".

También, ha apuntado a que el proceso por el que estas empresas se hacen responsables del terreno es a través de un alquiler en el que "reciben ayudas tanto de fondos europeos como españoles", sin embargo, "muchas de estas promotoras internacionales o nacionales, -ya que de Baleares hay pocas-, no se saben exactamente cómo se han creado".

Por esta razón, la Plataforma ha informado que se ha reunido con los responsables de Territorio dentro del Consell de Mallorca y, también, con la Conselleria de Agricultura del Govern balear para abordar este tema. En ellas, se ha mantenido que hay compromiso de complementariedad entre uso industrial y agrícola, no obstante, el colectivo ha opinado que "no es así, ya que está planteado como una sustitución". A raíz de ello, han manifestado que hay prevista otra reunión con los responsables de Energía autonómicos.