Primer enfrentamiento del PP y Vox en Baleares a cuenta del catalán

El pacto de legislatura entre el PP y Vox en Baleares ha sufrido su primera sacudida este viernes con la reacción negativa de los populares a la presentación por parte de VOX de una proposición de ley para crear una oficina que vigile que las instituciones usan obligatoriamente el castellano.

Amparado por el acuerdo de legislatura por el que apoya al Govern del PP, el grupo parlamentario Vox registró este jueves una proposición de ley para crear una oficina de garantía de la libertad lingüística con la misión de proteger el uso del castellano y las variedades isleñas de catalán.

La propuesta legal de Vox obliga a todas las administraciones, incluidos ayuntamientos y la universidad pública de Baleares (UIB), a emplear tanto el catalán como el castellano en todas sus comunicaciones, publicaciones y señalética, y establece un severo régimen sancionador.

Además, elimina la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos en las Islas Baleares, creada por el anterior Govern de izquierdas y que el preámbulo de la ley describe como "un arma de imposición lingüística del catalán y de facto un ataque al empleo del castellano".

El Govern del PP se ha desmarcado de la propuesta por medio de su portavoz, Antoni Costa, que ha dicho que aunque el acuerdo de legislatura determina que Vox presentaría el proyecto de ley para crear una oficina de derechos lingüísticos, el texto no ha sido pactado.

Costa ha advertido de que "no habrá ni un texto legal que se apruebe en el Parlament que no cumpla estrictamente el Estatuto de Autonomía".

"No nos gusta ni poco ni nada", ha dicho sobre esta proposición de ley el portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, que ha pedido su retirada o bien el grupo popular "se verá obligado a plantear una multitud de enmiendas" porque incumple el Estatuto de Autonomía, invade competencias y contempla un régimen sancionador que no se justifica.

Sagreras considera incomprensible que Vox presentara este jueves su iniciativa legal "sin haber pactado el texto" y sin avisar, a pesar de que la creación de una oficina de defensa de los derechos lingüísticos es uno de los puntos del acuerdo entre ambos partidos.

Aunque el pacto con Vox establecía que la iniciativa de presentación de la norma correspondería al partido de Vox, se había convenido que el PP revisaría el texto, algo que no ha sucedido, ha remarcado el portavoz.

"Siempre hemos defendido el normal uso y la pacífica convivencia de las dos lenguas cooficiales de nuestra comunidad autónoma, dentro del marco del Estatut", ha insistido.

La propuesta de Vox ha provocado una reacción encendida por parte de los grupos parlamentarios del PSIB y MÉS per Mallorca, así como del sindicato STEI y de la Obra Cultural Balear.

Si el portavoz del grupo socialista, Iago Negueruela, ha calificado como “el mayor ataque a la pluralidad lingüística de la historia de las islas” la propuesta de crear una "oficina de imposición lingüística"; Més per Mallorca ha apelado a la líder del PP y presidenta del Govern, Marga Prohens, para que impida lo que ha tildado de "infamia" y "el mayor ataque a la lengua catalana en 40 años".

El sindicato STEI, mayoritario en la enseñanza, ha advertido de que el texto es una chapuza jurídica inconstitucional y un ataque al catalán en lugares donde ha ganado presencia como la Administración.

La Obra Cultural Balear (OCB) considera que la propuesta supone crear una pseudo-oficina de persecución de la lengua catalana y deja clara desde la exposición de motivos "la voluntad de ruptura del consenso en materia lingüística de los últimos 40 años" en las islas.

Según la OCB, la propuesta supone una embestida sin precedentes que refleja que la principal amenaza la lengua propia de Baleares viene justamente de los poderes públicos, que tienen un mandato estatuario de protección, promoción e impulso a esta lengua que quedaría infringido.

El vocal de la OCB Antoni Llabrés ha señalado la paradoja de que en los últimos días el catalán incrementa su estatus jurídico a nivel estatal, al poder utilizarse en el Congreso, y "en Baleares sufre una reculada que retrotrae al cuatrienio negro de la legislatura 2011-2015 del Govern Bauzà".