Advierten que los alumnos no podrán disponer de la selectividad en castellano por la demora de la Justicia

Las PBAU, o pruebas de acceso a la universidad de Islas Baleares 2023, se desarrollarán los próximos días 6, 7 y 8 de junio.

Las instrucciones lingüísticas de reparto de los exámenes establecen que se darán los enunciados y protocolos en catalán y que solo se facilitará una traducción al castellano a aquellos alumnos que, habiendo recibido antes los enunciados y protocolos en catalán, se signifiquen y lo soliciten expresamente en castellano.

"El reparto general de los exámenes solo en catalán, además de suponer discriminación por razón de lengua, desigualdad de oportunidades y menoscabo en el derecho a la educación, puede provocar un perjuicio a los alumnos de difícil reparación, pues es muy probable que haya alumnos que, por no significarse públicamente al pedir los enunciados y protocolos en castellano, acepten los enunciados y protocolos en catalán y no puedan demostrar al máximo nivel sus conocimientos y competencias, obteniendo una nota final inferior a la que le correspondería, con el consiguiente riesgo de no poder iniciar los estudios deseados al no superar la nota de admisión mínima, la llamada nota de corte", denuncia la asociación de profesores 'Plis. Educación, por Favor'.

Esta asociación de profesores, adherida a Escuela de Todos, interpuso el pasado 18 de mayo ante el TSJIB, un recurso contencioso por vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y a la educación recogidos en los artículos 14 y 27 de la Constitución Española.

También solicitó la suspensión cautelarísima de las instrucciones lingüísticas por discriminatorias y perjudiciales para los alumnos. Todavía el Tribunal no se ha pronunciado sobre la pertinencia de adoptar las medidas cautelares. De no hacerlo de forma inmediata, será imposible para los alumnos beneficiarse de su derecho a disponer de los ejercicios en castellano en las mismas condiciones que los alumnos que lo deseen hacer en catalán.

Las medidas cautelares solicitadas no perjudican a los alumnos que prefieren los enunciados y protocolos en catalán, a los que no se les niega el derecho a disponer de ellos en catalán.

Denuncian que el magistrado ponente del asunto, Sr. Pablo Delfont, ha "cuestionado de oficio la legitimación activa de la asociación y ha concedido un desmesurado plazo de 10 días a las partes para realizar alegaciones. Se ha de tener en cuenta que se está ante un procedimiento de derechos fundamentales y que estos asuntos se tramitan de forma preferente".

Plis ha presentado alegaciones expresando su estupor ante la inusual decisión del Tribunal que ha obviado que existe un criterio del Tribunal Supremo que rechaza que se pueda plantear la cuestión de la legitimación activa antes de resolver sobre la petición de medidas cautelarísimas

Además, existe un precedente que apoya este recurso. En 2021, solo dos días antes de las pruebas de acceso a las universidades de Cataluña, el TSJC dictó, a solicitud de la Asamblea para una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB), un auto en el que ordenaba repartir en las mismas condiciones (sin discriminación) los ejercicios en castellano y en catalán a los alumnos que realizaban la prueba.

Este criterio fue ratificado en sentencia del TSJC y el Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación presentado por la Generalitat contra las medidas cautelares. En aquel procedimiento el TSJC consideró legitimada a la AEB para solicitar el reparto equitativo y sin presiones de los ejercicios y en la sentencia ha considerado que repartir primero los exámenes en catalán y sólo entregarlos en castellano a los que soliciten los ejercicios es discriminatorio y contrario a los derechos fundamentales recogidos en los artículos 14 y 27 de la CE.

En su escrito, Plis detalla que es una asociación que representa los intereses de profesores que preparan a alumnos de Bachillerato y que la discriminación en la entrega por razón de lengua perjudica a los que soliciten los ejemplares en castellano, lo que puede repercutir en el futuro profesional de los alumnos que pueden ver dificultado el acceso a la carrera deseada.

Desde Plis se ha reclamado un pronunciamiento urgente del Tribunal para evitar el daño inevitable que la demora en la resolución causará a los alumnos y ha recordado que la adopción de la medida garantiza el derecho de todos los alumnos a disponer de un ejemplar en la lengua oficial que deseen. En cambio, de mantenerse las instrucciones recurridas, se puede causar un perjuicio irreparable a los alumnos discriminados por razón de lengua.

Tal como incide la campaña de Escuela de Todos por una #SelectividadUnicaYA, es necesario que cese la discriminación a los alumnos que acceden a estas pruebas determinantes para su futuro académico. "El Gobierno de España y el Govern deben garantizar los enunciados bilingües de la PBAU".

"El Ministerio de Educación hizo ayer pública la paralización de la nueva prueba de selectividad. Desde Escuela de Todos instamos a las fuerzas políticas trabajar por una prueba única para toda España que unifique contenidos, criterios de corrección y garantice enunciados bilingües en las CCAA con dos lenguas oficiales. Una nueva selectividad que asegure los mismos derechos y oportunidades para todos los alumnos", concluyen.