Víctor Sánchez, condenado a seis meses de cárcel por la concentración ilegal durante la COVID

La Audiencia de Palma ha condenado este martes a seis meses de prisión a Víctor Sánchez, uno de lo líderes del movimiento "La Resistencia balear" que convocó una concentración sin autorización durante la pandemia de la COVID-19 contra el cierre de bares y restaurantes que decretó el Govern.

La Fiscalía pedía condenas de prisión de entre dos y cuatro años de prisión para los tres convocantes de esta protesta "prohibida" en enero de 2021 que reunió ante el Consolat de Mar a unos 4.000 asistentes con el fin de rechazar las restricciones a la hostelería en plena pandemia, donde se produjeron diversos altercados.

En una vista previa al juicio, el organizador de la concentración en Palma ha aceptado seis meses de prisión por un delito de desórdenes públicos, mientras que los otros dos encausados han sido condenados a un año de prisión cada uno por lanzar una piedra contra el edificio del Parlament y enfrentarse a agentes de la Policía.

Las partes han alcanzado un acuerdo de conformidad y los condenados no ingresarán en prisión.

Aunque la Delegación del Gobierno desautorizó esta concentración ya que el nivel de alerta sanitaria en ese momento era del nivel 4, Sánchez, junto a otros dos acusados, impulsó la protesta "asumiendo con su iniciativa las consecuencias y consciente de los actos violentos que podían producirse, como sucedió", señala el escrito de la Fiscalía.

Ante la multitud reunida ante el edificio autonómico que insultaba, Sánchez supuestamente instaba a la gente a entrar en la sede del Govern, a ocupar carriles y cortar la circulación, sin respetar las medidas de seguridad sanitaria vigentes en ese momento.

La Fiscalía relata que Sánchez se marchó del lugar "desentendiéndose de lo que acontecía y que había sido provocado por su decisión", que derivó en una "manifestación descontrolada".

Los otros dos encausados en este proceso realizaron actos violentos como cortar carriles o lanzar objetos a los agentes.

El ministerio público pedía un año y medio de cárcel por atentado a la autoridad para estos encausados y otro año de prisión para uno de ellos, así como el pago de una multa de 5.400 euros.

La Fiscalía pedía además dos años de prisión para cada uno de los tres procesados, entre ellos Sánchez, por el delito de desórdenes públicos.