Piden expulsar del país a una mujer por estafar más de 42.000 euros al anciano del que cuidaba

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo jueves a una mujer acusada de haber presuntamente estafado 42.628 euros al anciano del que cuidaba. La Fiscalía pide para ella dos años de prisión que deberán sustituirse por su expulsión del territorio español por 10 años.

Los hechos ocurrieron entre enero y el 7 de julio de 2017, cuando la acusada G.Z.T., natural de Bolivia y quien había sido contratada para asistir y hacer compañía a un hombre mayor, aprovechando dicha circunstancia y que la capacidad cognitiva e intelectiva del varón fueron deteriorándose debido a la edad, realizó varias operaciones bancarias sin el consentimiento del hombre en las cuentas de las que era titular la víctima.

En concreto, la procesada efectuó supuestamente una transferencia por valor de 23.000 euros de una cuenta de La Caixa de la que era titular la víctima y su hija a una de la que únicamente era titular el varón del que cuidaba.

Además, habría realizado otra transferencia desde una cuenta de Bankia, titularidad de la víctima y su hija, por importe de 5.500 euros a la cuenta de La Caixa de la que era titular en exclusiva la víctima. En esta misma cuenta, Fiscalía aprecia que realizó cinco retiradas en efectivo por importe de 2.920 euros, reintegrando la cantidad a su propio patrimonio.

En la cuenta de La Caixa, de la que era titular en exclusiva la víctima, la acusada realizó presuntamente, desde febrero a julio de 2017, 14 reintegros no justificados por importe de 16.250 euros, integrando dicha cantidad en su patrimonio.

Finalmente, desde una cuenta del banco Santander, del que era titular la víctima y su hija, la acusada habría realizado 12 reintegros por un importe de 16.408 euros, integrando la cantidad en su patrimonio.

Así, la cantidad defraudada asciende en total, según el Ministerio Fiscal, a 42.628 euros, cantidad de la que la tutora de la víctima reclama lo que pudiera corresponderle.

Por todo ello, Fiscalía imputa a la acusada un delito de estafa y pide para ella dos años de prisión, que deberán ser sustituidos por su expulsión del territorio del estado español por 10 años. Además, solicita una indemnización para la víctima de 42.628 euros, más los intereses previstos, así como la apertura de una pieza separada de responsabilidad civil.