Penalva y Subirán denuncian estar sometidos a una "suerte de instrucción policial al estilo Netflix"

El juez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán han recriminado estar sometidos a "una suerte de instrucción policial al estilo 'Netflix', es decir, por temporadas", al aseverar que "llevamos año y medio con una cascada de informes" en los que se detallan las prácticas presuntamente irregulares desplegadas cuando ambos se encontraban al frente del caso Cursach. "Algo verdaderamente insólito", subrayan.

En un escrito de treinta páginas recientemente presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), la defensa de los dos juristas rebate el contenido de un nuevo oficio en el que la Policía Nacional vuelve a analizar, a petición de Penalva y Subirán, las supuestas filtraciones que estos habrían efectuado a la prensa cuando el caso Cursach se encontraba bajo secreto. Según los dos investigados, el informe policial "no individualiza responsabilidades criminales, algo absolutamente esencial y consustancial cuando concurren aforados y no aforados".

"En ninguna de las supuestas revelaciones de secretos (ahora llamadas por los investigadores 'filtraciones') señalan quién o quiénes son los autores de la revelación", recalca el escrito, que critica que, con su nuevo informe, los investigadores policiales "reconocen claramente que no se preocuparon de comparar" la totalidad de informaciones que se publicaron en su día en varios medios de comunicación.

En esta línea, la defensa de Penalva y Subirán arremete con dureza contra una de las manifestaciones que los inspectores de la Policía Nacional vierten en su oficio, cuando estos afirman que, tras comenzar a indagar las presuntas filtraciones -lo que, señalan, "con el paso de los meses derivó en una serie de presuntos delitos de mayor gravedad"-, dejaron de profundizar en ellas en el momento en que tuvieron la certeza de que los dos juristas aportarían sus teléfonos móviles para que se procediese a su volcado.

"Semejante aseveración es, dicho sea con todo el respeto, un verdadero despropósito", sostiene el abogado, quien alega que la intervención de móviles "requiere de una serie de requisitos legales que, desde luego, no se dan" en el caso de sus patrocinados.

Acto seguido, alude a la "absoluta desconfianza" que le merecen los inspectores que investigan el papel ejercido por Penalva y Subirán, ocasionada, entre otras circunstancias, por el hecho de que "los instructores policiales no pueden serlo cuando hay otros policías investigados" -en referencia a los cuatro miembros del grupo de Blanqueo que trabajaron mano a mano con Penalva y Subirán al frente del caso Cursach-, así como debido a que "sus atestados están completos de datos que no obedecen a la realidad".

El escrito reitera, en alusión a la entrega de los móviles, que "nada se les dará a estos instructores porque los mismos (...) no son imparciales". Y afirman que, independientemente de todo ello, "es ridícula semejante aseveración porque, si se han incautado los móviles de los investigados policías y no los de mis representados, y en los móviles ya analizados por los instructores policiales no se ha encontrado ni un solo mensaje de envío a periodistas (...), no hay dato alguno que pueda soslayar que mis mandantes han filtrado".

Al hilo de lo anterior, el letrado pone en entredicho otra de las afirmaciones expuestas en el oficio por parte de los investigadores, quienes acusan a la defensa de Penalva y Subirán de intentar ralentizar las pesquisas abiertas contra ellos con la petición de este nuevo informe. Al respecto, el abogado considera "sencillamente increíble" tal manifestación, a la que se opone, e incide en que el oficio "no lo solicitó este letrado, lo solicitó el instructor. Verdaderamente bochornosa semejante aseveración", sentencia.

El juez agrupa en seis acusaciones a 40 perjudicados

Por otro lado, el magistrado que instruye la causa contra los antiguos investigadores del caso Cursach, Carlos Gómez, ha acordado este miércoles agrupar en siete acusaciones a los cuarenta perjudicados personados en el procedimiento judicial.

El instructor justifica tal decisión en el elevado número de partes personadas: 48 en total, de las que 39 son acusaciones particulares y una ejerce la acción popular. Asimismo, apunta a la gran cantidad de acontecimientos generados hasta la fecha (más de 9.000), "con la dificultad añadida que ello supone para la búsqueda de acontecimientos que se multiplican exponencialmente por la existencia de tan importante número de partes", así como a la repercusión de las normas de seguridad sanitaria decretadas por la pandemia del coronavirus, que "hacen extremadamente difícil la celebración de actos presenciales por la limitación de los aforos en las salas de vista disponibles".

Se trata de una medida adoptada, sin embargo, con la oposición de las distintas acusaciones, que consideran que su aglutinamiento conculca sus derechos constitucionales, una postura también compartida por la Fiscalía Anticorrupción. Los fiscales sostienen que, en el estado actual de las investigaciones, no se dan los supuestos previstos en la Ley -que se vean afectados el buen orden del proceso o el derecho a un procedimiento sin dilaciones indebidas- "para obligar a las víctimas a que unifiquen sus representaciones legales".

De hecho, el Ministerio Público sostiene que la instrucción de la causa se está desarrollando "sin demoras distintas de las provocadas por la situación sanitaria del país, habiéndose practicado las diligencias acordadas por el instructor en el tiempo previsto". Únicamente, concluyen, la declaración del subinspector de Blanqueo investigado en estas pesquisas "necesitó más tiempo del que Su Señoría había previsto, mas ello no justificaría la limitación de derechos de las víctimas".