Hungría: acoso e intimidación a la comunidad LGTBI en el centro de Europa

El primer ministro de Hungría, Viktor Orban, no deja a nadie indiferente. Las políticas de su Gobierno conservador han vuelto a levantar la polémica en Europa, donde el país parece estar abocado al aislamiento y el rechazo debido a su postura sobre los Derechos Humanos y libertades fundamentales.

Tildado a menudo de autoritario, racista y homófobo, el líder ultranacionalista húngaro ha vuelto a ser objeto de un aluvión de críticas después de que Budapest aprobara una ley contra la pedofilia que reduce significativamente el contenido y espacio LGTBI en colegios y medios de comunicación.

Esta nueva normativa, que fue aprobada por el Parlamento con tan solo un voto en contra y ha sido tachada de "vergüenza" desde la UE, considera que la protección de la infancia pasa por "la identidad propia según el sexo de nacimiento de los menores" y supone un paso más hacia la completa invisibilización del colectivo LGTBI.

Este texto, impulsado por el Fidesz, partido que abandonó a los populares europeos a principios de este año, sigue así la estela de otras normativas que han hecho saltar todas las alarmas: a finales de 2020 el Gobierno propuso enmendar la Constitución para estipular que "una madre es una mujer y un padre es un hombre", un renovado intento por establecer que los menores deben crecer en familias cristianas y heterosexuales.

Poco antes, el Ejecutivo había presentado un proyecto de ley para validar únicamente las adopciones realizadas por parejas que hubiesen contraído matrimonio, una opción que excluye a las parejas homosexuales, que únicamente pueden someterse a uniones civiles.

Organizaciones de defensa de los Derechos Humanos han censurado las propuestas del Ejecutivo húngaro en diversas ocasiones al considerar que constituyen ataques contra la comunidad en el país. El portavoz de Amnistía Internacional Carlos de las Heras ha alertado en declaraciones  de que el colectivo sufre un creciente "acoso" e "intimidación" por parte de las autoridades húngaras.

En este sentido, ha aclarado que 2020 ya fue un año "oscuro" para los Derechos Humanos en el país. En mayo, el Parlamento prohibió el reconocimiento legal de la identidad de género de las personas intersexuales y transgénero y estableció la obligación de registrar el sexo de nacimiento --basándose en marcadores biológicos--, sin posibilidad de cambiarlo a posteriori. Esta medida, tal y como señalan los datos de la organización, afecta a unas 30.000 personas en el país, donde quedan gravemente expuestas a la discriminación.

"Para las personas transgénero", ha lamentado De las Heras, "esto suponía que ya no podrían modificarlo en los certificados y documentos oficiales para reflejar su identidad de género".

Así, ha recordado que en julio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que Hungría había violado el derecho de una persona transgénero iraní a que se respetara su vida privada y familiar. "Se le había reconocido la condición de refugiado en Hungría por sufrir persecución debido a su identidad de género, pero las autoridades se habían negado a reconocer legalmente su nombre y género", ha explicado.

Los derechos del colectivo LGTBI han ido mermando paulatinamente. Para De Heras, esta última ley --que prohíbe que los docentes responsables de la educación sexual en las aulas hagan "propaganda" de la homosexualidad o el cambio de sexo y restringe toda emisión de anuncios dirigidos a menores que contengan alguna presentación arbitraria de la sexualidad, cambio de sexo u homosexualidad--, supone una "afrenta más que hará desaparecer a la comunidad LGTBI de los medios de comunicación y del sistema educativo húngaro".

"No solo se trata de una cuestión de los derechos del colectivo LGBTI sino de los derechos de todas las personas en Hungría. Un país donde las mujeres y las personas transgénero sufren discriminación en la legislación y en la práctica. Donde a las personas solicitantes de asilo se les niega la entrada segura en las fronteras y se les expulsa, a menudo sin un procedimiento judicial", ha destacado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que incluso las reformas legislativas introducidas para hacer frente a la pandemia de coronavirus han "reducido el espacio para la libertad de expresión y reunión pacífica" y han "socavado la independencia judicial y la confianza de la población en la justicia".

Por eso, y ante el rechazo de la comunidad internacional, "Hungría debe poner los Derechos Humanos en primer plano", ha matizado, antes de incidir en la importancia de que se siga ejerciendo una presión conjunta sobre Budapest.

No obstante, ha admitido que "existe un alto nivel de polarización entre la opinión pública en Hungría", si bien en líneas generales prevalece la preocupación por la deriva autoritaria y restrictiva del Gobierno hacia las libertades más fundamentales.

TENSIONES CON LA UE

Las leyes húngaras, que avanzan hacia la negación y ostracismo del colectivo, se han topado con un muro de carga: casi una veintena de países de la UE, con el Benelux a la cabeza, han llamado a combatir las amenazas contra la comunidad LGTBI.

Si bien algunos miembros ya han avisado a Orban de que su país no tendrá cabida en el bloque si no retira la nueva legislación, el primer ministro insiste en que el texto "trata solo de los niños y los padres" y ha dicho ser un claro defensor de los homosexuales. Asimismo, ha dicho haber "combatido por las libertades frente al régimen comunista" cuando "la homosexualidad estaba castigada".

La noticia llega cuando la UE se encuentra, además, analizando la situación del Estado de derecho en el país. En este sentido, tanto Hungría como Polonia cuentan con el apoyo de países como Bulgaria, República Checa y Eslovenia, que temen por su parte verse arrastrados hacia revisiones similares.

Según De Heras, la actitud de Orban es "descarada", especialmente debido a que la ley a salido adelante poco después de que Hungría asumiera la Presidencia del Comité de Ministros del Consejo de Europa. "Orban utiliza el discurso de odio para atacar a las minorías", ha afirmado antes de pedir a Bruselas, que considera el texto un nuevo ataque a los valores europeos, que eliminen la legislación cuanto antes.

Estas leyes, que recuerdan a otras similares en vigor en países como Polonia o Rusia, "expondrán a una mayor discriminación" a la comunidad LGTBI, ya de por sí "inmersa en un entorno hostil", ha sostenido el portavoz de Amnistía, que ha acusado además al Gobierno húngaro de "intentar deliberadamente vincular la pedofilia con el colectivo".

La polémica sobre la normativa, que ha salpicado incluso al mundo del deporte, ha puesto sobre la mesa un debate que pone en tela de juicio a toda Europa, donde los líderes trazan algunas líneas rojas a Orban en un renovado intento por defender los valores del bloque en materia de Derechos Humanos.