Detienen a un cabecilla de la Mara Salvatrucha en El Salvador

La Policía de El Salvador ha confirmado la captura de Misael Alberto Romero Mejía, alias 'Danger', uno de los quince cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13), tras la petición por parte del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, de ampliar durante 30 días más el estado de excepción declarado para combatir a las pandillas.

"Este pandillero es uno de los que ordenó la muerte de más de 60 personas el pasado 26 de marzo", ha dicho la Policía en un mensaje en su perfil oficial de Twitter, donde también ha explicado que 'Danger' conducía en un vehículo junto a otro pandillero.

"El procedimiento fue en Las Margaritas de Soyapango. 'Danger' conducía en un vehículo junto a otro pandillero. Atrás iba otro carro con dos sujetos y al ser intervenidos les dispararon a nuestros agentes, quienes respondieron y los dos criminales resultaron lesionados", ha agregado.

El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, ha señalado que la operación "es parte de todo el andamiaje que se ha montado para capturar a la mayor cantidad de terroristas de las pandillas, incluyendo a los cabecillas nacionales".

El presidente del país se ha hecho eco de la operación asegurando que "otro de los líderes" ha caído, con lo que ya son "más de 16.000 terroristas sacados de las calles en solo 29 días". Asimismo, también ha compartido un mensaje de la Policía en el que se informa de la captura de Rudy Edgardo González García, alias 'Cuerda'.

A medianoche de este lunes, 26 de abril, vence el primer estado de excepción aprobado el 27 de marzo, por lo que el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, convocó una sesión plenaria urgente para este domingo. Castro ha manifestado su respaldo a la propuesta de Bukele.

El régimen de excepción supone la suspensión de algunas garantías constitucionales y se puede aplicar "en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general o de graves perturbaciones del orden público". La oposición ha criticado que no se puede recurrir a esta medida por un problema de delincuencia común.

El artículo 30 la Constitución establece que el plazo de suspensión de las garantías constitucionales "no excederá de 30 días". Transcurrido este plazo podrá prolongarse la suspensión, por igual periodo y mediante nuevo decreto "si continúan las circunstancias que la motivaron".