El salario mínimo tributará en el IRPF por primera vez tras subir a 1.184 euros al mes en 2025
El acuerdo fue alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, pero no contó con el respaldo de la patronal
EFE | Mallorca, 11 de Febrero de 2025 | 21:06h
El Consejo de Ministros ha aprobado la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas, lo que equivale a 16.576 euros brutos al año. Sin embargo, por primera vez esta cantidad no estará exenta de tributar, una decisión que ha generado posiciones encontradas dentro del Gobierno de coalición.
UNA SUBIDA DEL 4,4 % CON EFECTOS RETROACTIVOS
El Gobierno ha dado luz verde a un incremento del 4,4 % (50 euros más al mes), con efectos retroactivos desde el 1 de enero. El acuerdo fue alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, pero no contó con el respaldo de la patronal.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido esta medida, asegurando que contribuirá a reducir la desigualdad y beneficiará a 2,4 millones de trabajadores asalariados, lo que supone el 12,9 % del total.
POLÉMICA POR LA TRIBUTACIÓN DEL SMI
A pesar del respaldo a la subida, Díaz se ha mostrado en contra de la decisión del Ministerio de Hacienda de hacer tributar a los perceptores del salario mínimo en el IRPF.
En una rueda de prensa junto a la ministra portavoz, Pilar Alegría, la titular de Trabajo expresó su malestar por lo que considera una decisión unilateral, de la que se enteró a través de los medios de comunicación. "No ha habido ni comunicación ni deliberación dentro del Gobierno", ha criticado.
"Creemos en la justicia fiscal, pero esta debe empezar por arriba, no por abajo", ha añadido Díaz, quien ha avanzado que si llega al Congreso alguna propuesta para mantener la exención fiscal del SMI, contará con el respaldo de Sumar.
INICIATIVAS PARA EXIMIR EL SMI DEL IRPF
Poco después del anuncio de Díaz, el grupo Sumar presentó una proposición de ley para mantener la exención del IRPF en el SMI, pero fue adelantado en el registro por Podemos y el PP, que llevaron sus propias propuestas en el mismo sentido tanto al Congreso como al Senado, donde los populares tienen mayoría absoluta.
Por su parte, EH Bildu ha confirmado su apoyo a la continuidad de la exención fiscal, mientras que el PNV ha mostrado su predisposición a "ayudar a las personas en peor situación", aunque también entiende los argumentos de Hacienda en un debate que, según ellos, aún no está cerrado dentro del Ejecutivo.
Desde el Ministerio de Hacienda han justificado que no ajustan el IRPF al SMI porque ya han venido reduciendo la carga fiscal para las rentas bajas. Además, defienden que muchos perceptores del salario mínimo seguirán sin tributar, dependiendo de su situación personal.
Por ejemplo, una persona con pareja e hijos menores de 3 años no sufrirá retención alguna, como hasta ahora. Sin embargo, un trabajador soltero y sin hijos verá aplicada una retención de 300 euros anuales, cifra inferior a los 1.324,42 euros que pagaba en 2018.
MUJERES, JÓVENES Y ANDALUCÍA, LOS PRINCIPALES BENEFICIARIOS
Entre los 2,4 millones de beneficiarios del SMI, destacan los residentes en Andalucía (476.100 personas), aunque la comunidad con mayor porcentaje de trabajadores con salario mínimo es Extremadura, con un 20,8 %.
Esta distribución geográfica está relacionada con los sectores productivos con mayor incidencia del SMI, que son la agricultura (31 % de los trabajadores) y los servicios (14,3 %), según ha explicado Díaz.
La ministra ha subrayado que la medida impactará especialmente en mujeres y jóvenes. En concreto, el 17,6 % de las trabajadoras perciben el SMI, frente al 8,5 % de los hombres. Además, el 26,8 % de los empleados menores de 24 años también se encuentra en esta franja salarial.
Por este motivo, Díaz ha calificado la subida como una "herramienta feminista por excelencia".
SIN ACUERDO CON LA PATRONAL
El aumento del salario mínimo fue pactado hace dos semanas con los sindicatos UGT y CCOO, que pedían un incremento del 6 %. Sin embargo, no se logró un acuerdo con la patronal, que proponía un 3 %, lo que hizo imposible el consenso.
A pesar de ello, Díaz ha asegurado que esta medida demuestra que el diálogo social "goza de buena salud" en España, aunque ha reconocido que le hubiera gustado contar con el apoyo de la patronal en este proceso.
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