Vox y PP concluyen que el Govern de Armengol pagó 3,7 millones por mascarillas inservibles
El próximo viernes se volverá a reunir la comisión para aprobar definitivamente las conclusiones finales
Redacción | 05/06/2024
Vox y PP han concluido que el Govern balear de Francina Armengol (PSIB-PSOE) compró en 2020 por 3,7 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión, investigada por la Audiencia Nacional en el caso Koldo, un lote de 1,5 millones de mascarillas inservibles que se almacenaron y se dejaron caducar.
Los dos partidos afirman que el Ejecutivo de Armengol, en plena pandemia de la covid-19, adquirió este material con un sobrecoste que el mismo Servicio de Salud Balear (Ib-Salud) cifró en 2,7 millones de euros.
Las formaciones políticas han presentado este miércoles sus conclusiones tras la comisión de investigación del Parlament balear sobre la compra de los tapabocas a Soluciones de Gestión, investigada también por la Fiscalía de la Unión Europea (UE) porque el material se pagó en su totalidad con fondos comunitarios.
El próximo viernes se volverá a reunir la comisión para aprobar definitivamente las conclusiones finales en un foro en el que Vox y PP suman la mayoría de votos frente al PSIB-PSOE y MÉS.
En su balance, Vox, el grupo que propuso la creación del órgano parlamentario de investigación, se refiere a la existencia de esta "presunta trama" de corrupción cuyo intermediario era Koldo García, asesor del entonces ministro socialista de Transportes, José Luis Ábalos.
Para este partido, incluso "antes" de recibir las mascarillas chinas del tipo KN95, ya se sabía que no eran aptas para su uso sanitario, lo que hacía "inviable legalmente su adquisición, y aún así se procedió a la misma".
Además, el Govern balear y el Ib-Salud supieron por un informe del Centro Nacional de Medios de Protección (CNCP) que las mascarillas no cumplían con los requisitos exigidos a las FFP2, las que empleaban los profesionales sanitarios. A pesar de ello, se solicitó su financiación con fondos europeos.
La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha asegurado que "se forzó el proceso de contratación con la única finalidad de beneficiar a la empresa en detrimento de las arcas públicas".
Por su parte, el PP mantiene que no se comprobó la solvencia técnica y económica del material ofrecido a través de Koldo García, ni se sabe tampoco quién del Govern balear le facilitó el móvil del director de Gestión del Ib-Salud en 2020, Manuel Palomino, para activar el proceso de compra.
Tras las declaraciones e informes estudiados, el PP afirma que "no se entiende" que la anterior administración socialista sostenga que las mascarillas se compraron para uso domiciliario y como "stock de seguridad" por si las necesitaban los ciudadanos.
La realidad es que se dejaron caducar en un almacén y el propio Ib-Salud reconoce en un informe posterior a la compra que el material recibido no se ajustaba al solicitado.
"Seguimos sin saber por qué se pagaron íntegramente a pesar de la dudosa operación formalizada en tiempo récord, teniendo órdenes de inmovilizarlas desde antes de su llegada a Palma", señala el PP.
El Ib-Salud, mantienen los populares, emitió una certificación de correcta ejecución de la compra el 12 de agosto de 2020, "aún sabiendo" desde el 8 de junio que "las mascarillas no cumplían" con la calidad exigida por el CNMP.
Además, el "Govern Armengol" ocultó este informe a la Unión Europea (UE), la Oficina Anticorrupción de Baleares y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cuando sus agentes fueron a buscar todo el expediente de compra en 2022 a la sede en Palma del Ib-Salud por orden de la Fiscalía Especial Anticorrupción.
"El señor Koldo García, asesor entonces del Ministro de Transporte, José Luís Ábalos, valiéndose de su posición en el Ministerio y su influencia sobre los cargos socialistas del Govern de las Islas Baleares, medió para la compra y contratación del cargamento de 1,5 millones de mascarillas por 3,7 millones de euros entre el Ib-Salud y la empresa Soluciones de Gestión", resumen los populares.
Finalmente, el PP pide llevar a cabo una auditoría completa de todos los contratos de emergencia formalizados por la administración balear durante la pandemia de covid-19.