VOX asegura que acabará con la "opacidad con la que se otorgan subvenciones" en Baleares

VOX impulsará los mecanismos legales necesarios para incrementar el control sobre el uso del dinero público otorgado mediante ayudas o subvenciones públicas.

Así lo ha anunciado el candidato a la presidencia del Govern, Jorge Campos, que ha insistido en «acabar con la opacidad y discreción con la que se otorgan subvenciones de forma nominal sin ningún tipo de control y que se utilizan para regar con el dinero del contribuyente a asociaciones y entidades afines a la izquierda y el separatismo».

Así, se propone reducir al mínimo las llamadas subvenciones nominativas, aquellas que se otorgan sin establecer el uso que se hará del dinero y que de facto son de libre disposición para el que las recibe.

Campos ha defendido que todas las subvenciones deben obedecer a proyectos tangibles, demostrables y justificables.

De la misma manera, se establecerá una cláusula de responsabilidad constitucionalidad de obligada firma en las subvenciones y ayudas, así como en la contratación pública, por la que el perceptor se compromete a no utilizar el dinero público con fines anticonstitucionales.

Campos ha remarcado que con esta medida «se evitará la perversión del dinero del contribuyente que acaba financiando entidades separatistas y contrarias al ordenamiento jurídico. Con VOX en el Govern, el que quiera destruir nuestro país, el que quiera burlarse de la ley y de la convivencia, lo va a tener más difícil. La Obra Cultural Balear y otras entidades antidemocráticas van a tener que pagarse la fiesta con el dinero de sus bolsillos, no habrá ni un duro para sus desvaríos. Miraremos con lupa hasta el último céntimo para que no se pierda en subvenciones difusas basadas en proyectos vagos o inexistentes».

De la misma manera que se incluye otro tipo de cláusulas en las subvenciones y la contratación pública, la de responsabilidad constitucional contribuirá a garantizar el buen uso del dinero del contribuyente y evitar la fuga a intereses ajenos al servicio y utilidad de los ciudadanos. La medida será aplicable en los ámbitos del Govern, los Consells y los ayuntamientos.

Recuerdan —como ejemplo que no puede volver a repetirse— el caso que se produjo al principio de la Legislatura (publicado en el BOIB del 6 de julio de 2019) en el que se aprobó una subvención de 12.499 euros para la organización de un concierto en el que se anunció la actuación del prófugo de la justicia Josep Miquel Arenas, Valtonyc.

Se trataba del denominado MUR Festival de Música Urbana y Reivindicativa programado para el 12 de octubre en el Parque Municipal de Sa Torre en la localidad mallorquina de Felanitx.

En el cartel que anunciaba el evento figuraban como patrocinadores el Govern balear (Conselleria de Presidencia, Cultura e Igualdad) y el Instituto de Estudios Baleáricos.

En ambos casos se incluían los logotipos oficiales de ambas instituciones en los afiches publicitarios del evento. En dicho concierto actuó Pablo Hasel, condenado por la Audiencia Nacional a dos años y un día de cárcel y a una multa de 37.800 euros por delitos de enaltecimiento del terrorismo, con el agravante de reincidencia, e injurias y calumnias contra la Corona y las instituciones del Estado. El «espectáculo» concluyó con la quema de una bandera española en el escenario.

Desde Vox apuestan por la inclusión en los pliegos de licitación de contratos públicos y en las convocatorias de ayudas y subvenciones una cláusula de responsabilidad constitucional.

Dicha cláusula estipulará que toda persona física o asociación, entidad y/o empresa de cualquier tipo quede excluida del concurso y/o proceso de tramitación y adjudicación de ayudas y subvenciones en el caso de haber sido condenada o verse inmersa en procesos judiciales por: Terrorismo y/o enaltecimiento del terrorismo; Delitos de sedición y/o rebelión, y delitos de odio y/o incitación al odio.

También será aplicable a las asociaciones, entidades y/o empresas de cualquier tipo que fomenten y/o hagan proselitismo de ideas anticonstitucionales y apología de los mismas como: Vulneración del principio de igualdad de todos los ciudadanos y discriminación por razón de sexo, ideología, religión o de cualquier otra clase.