Vivienda Baleares: El Govern inicia la tramitación para declarar las zonas tensionadas de las islas

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha asistido hoy a la constitución de la Comisión de Impulso y Coordinación de las Políticas de Vivienda en las Islas Baleares. Un órgano cuya aprobación se acordó el pasado 2 de mayo en el Consell de Govern y que se ha constituido hoy con el objetivo de coordinar la acción de los diferentes centros directivos con incidencia en las políticas de vivienda en las Islas Baleares.

Durante la reunión, se acordó iniciar la recaudación de información que permitirá redactar los informes necesarios para solicitar la declaración de zonas tensionadas del mercado inmobiliario en la comunidad.

La presidenta Armengol ha destacado que con este paso las Islas Baleares se acercarán al compromiso adquirido de "ser la primera Comunidad que aplique la ley estatal de vivienda cuando se apruebe definitivamente".

"Adquirimos este compromiso porque somos conscientes de que las Islas tienen un reto enorme para garantizar que el acceso a la vivienda sea un derecho de ciudadanía y necesitábamos un marco estatal para seguir avanzando", ha afirmado la presidenta.

Con este nuevo órgano, se persigue consolidar la coordinación existente entre las distintas consellerias del Govern para hacerla más ágil y crear una estructura que permita diseñar nuevas fórmulas para favorecer el acceso a la vivienda.

Así, a raíz de la inminente aprobación definitiva de la nueva ley estatal de la vivienda, la Comisión ha acordado hoy iniciar los trámites para la declaración de zona de mercado tensionado, de conformidad con lo estipulado en la nueva normativa, a través de la elaboración de un procedimiento preparatorio dirigido a la obtención de información relacionada con el mercado residencial de las Islas Baleares.

De esta forma, la Comisión empezará a trabajar con la elaboración detallada de todos los datos del mercado de la vivienda en nuestro territorio.

Unos datos que deben incluir, por un lado, los precios de alquiler y venta de los diferentes tipos de viviendas y su evolución en el tiempo, y por otro, cuál es el nivel de renta disponible de los hogares residentes y la su evolución en el tiempo.

El objetivo es poder disponer de toda esta información una vez entre en vigor la ley estatal de la vivienda y así haber avanzado trabajo.

Cabe recordar que para poder declarar un mercado residencial tensionado es necesaria la elaboración de una memoria que justifique, a través de datos objetivos y fundamentales, la existencia de un especial riesgo de abastecimiento insuficiente de vivienda para la población residente.

175 SOLICITUDES EN EL PROGRAMA DE GARANTÍA HIPOTECARIA DEL IBAVI

La presidenta del Govern ha recordado todas las medidas que ha desplegado este Govern para favorecer el acceso a la vivienda y ha recordado que la ley autonómica probada en 2018 «ya ha hecho posibles medidas absolutamente líderes, como la cesión forzosa de uso a grandes tenedores o el hecho de que la vivienda pública que se construya en las Islas Baleares seguirá siendo siempre pública».

Armengol ha reivindicado que «en los últimos años se ha incrementado un 74% el parque de vivienda pública, se han multiplicado por siete los beneficiarios de las ayudas al alquiler y se ha incorporado la colaboración con el sector privado para sacar al mercado 14.000 viviendas a precio tasado».

Entre las medidas impulsadas, la presidenta ha destacado el Programa de Garantía Hipotecaria del IBAVI, que, a poco más de dos meses de su puesta en marcha, ya ha recibido 175 peticiones a las distintas entidades bancarias adheridas. De estas peticiones, la gran mayoría están en Mallorca (154), 11 en Menorca y 10 en Eivissa.

La iniciativa, cuyo presupuesto es de 15 millones de euros, tiene como objetivo que personas con solvencia pero sin los ahorros necesarios para pagar la entrada de un piso puedan acceder a una hipoteca.

Así, el programa se activa cuando la entidad bancaria concede una hipoteca de, al menos, el 80% del precio de la vivienda y el Govern avala hasta el 20% restante de esta deuda.

Las viviendas no pueden tener un coste superior a los 270.151 euros y, hasta ahora, las entidades que se han adherido a ellas son Caixa Colonya, Caixabank y Cajamar. En este sentido, la presidenta Armengol ha hecho un llamamiento «para que otras entidades se sumen, ya que está demostrándose que es un buen programa y que funciona».

La Comisión está formada por once miembros: el conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí; la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido; la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez; el vicepresidente y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, y el conseller de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir.

También son miembros la directora general de Vivienda y Arquitectura, Cristina Ballester; el director general de Coordinación, Relaciones con el Parlamento, Derechos y Diversidad, Miquel Àngel Coll; el director general de Energía y Cambio Climático, Pep Malagrava; la directora general de Territorio y Paisaje, Maria Magdalena Pons; la directora gerente del IBAVI, Olvido Terrassa, y el director del IBESTAT, Llorenç Pou.