Vecinos de Palma piden al Govern participar en las negociaciones del decreto de turismo de excesos

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma ha reclamado al Govern que los incluya en las negociaciones del decreto contra el turismo de excesos.

Así lo han acordado en la comisión de trabajo de la federación, celebrada este jueves, según han informado en un comunicado, en el que han remarcado que el decreto se está negociando con las asociaciones hoteleras pero que "es necesario que no quede excluida la ciudadanía" que, a su juicio, es "la más afectada".

Igualmente, los vecinos de Palma han acordado estudiar la nueva Ordenanza Cívica municipal para valorar aquellos aspectos que les afectan y hacer alegaciones.

Además, solicitarán una nueva reunión de mesa, presidida por el alcalde, Jaime Martínez, para la primera semana de junio para reclamar respuestas al Ayuntamiento en diferentes temas que se trataron en la última reunión, a finales de febrero.

En concreto, desde la federación piden un plan especial de mejora para Santa Catalina, como una experiencia piloto y que incluya la adquisición de licencias de establecimientos que cierran, además de implementar un código QR en los locales para "conocer el contenido de las licencias y poder valorar el nivel de cumplimiento".

También preguntarán por datos generales sobre el número de sanciones y el nivel de ejecución y reincidencias, por la situación y el trabajo realizado sobre la lista de puntos conflictivos que las asociaciones entregaron a Cort, así como ampliar las zonas en las que se incluye refuerzo policial en verano.

En esta línea, desde la federación han querido "dejar claro" que "no se trata de ir en contra del sector de la restauración ni las terrazas en general", pero sí "contra los excesos y las zonas saturadas en barrios residenciales donde los vecinos han perdido el derecho al descanso".

Asimismo, han hacho hincapié en que no se trata de un problema nuevo y que el movimiento vecinal lleva muchos años de lucha en esta problemática.

"El hecho de que sea un problema antiguo no significa que esté justificado, sino que más bien es un indicador de la falta de voluntad política de los diversos gobiernos para encontrar soluciones y armonizar los derechos de los residentes con el derecho al negocio, que no se puede hacer a costa de la salud de la ciudadanía que vive en los barrios ni de la privatización del espacio público", han concluido en el comunicado.