Realojan a 30 personas, entre ellas menores, que regresaron al asentamiento chabolista de Can Rova

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha realojado a unos 30 adultos y menores, echados por la fuerza del asentamiento chabolista de Can Rova en Ibiza en el que vivían hasta 400 personas en caravanas, furgonetas y tiendas de campaña y que fue desalojado por orden judicial este miércoles por la mañana.

En un comunicado, el consistorio ha informado de que, tras el desalojo “un grupo numeroso” de unas 30 personas entre adultos y menores de edad, ha aparecido de nuevo por la zona de Can Bufí, donde se ubica el asentamiento, por lo que se ha activado nuevamente al equipo de los Servicios Sociales para “determinar la situación de vulnerabilidad y ver cómo se les podía ayudar”.

Finalmente, se ha coordinado con Cáritas el alojamiento de unas diez personas entre mujeres y niños en el Centro de Acogida Nazaret, de tres hombres adultos en el Centro de Baja Exigencia de sa Joveria y de veinte personas adultas en el polideportivo del CEIP S’Olivera.

El Ayuntamiento de Santa Eulària había informado por la tarde de que solo 2 de las 13 familias con las que habían estado en contacto los Servicios Sociales habían pedido ayuda económica para el pago de la fianza de una vivienda.

Los Servicios Sociales habían entendido que el trabajo que habían llevado a cabo con los residentes del asentamiento ilegal para informarles sobre la red insular de ayuda “había dado sus frutos" y que los grupos más vulnerables habían acudido a esta red por sus propios medios. "Sin embargo, no había sido así”, han reconocido desde el Consistorio.

El operativo de desalojo se saldó con seis detenidos por resistencia a la autoridad, cuatro hombres y dos mujeres, y contó con más de 50 agentes entre Policía Local, Guardia Civil y antidisturbios desplazados de Mallorca.

Aunque días previos y durante la misma mañana muchos de los habitantes habían decidido salir voluntariamente, medio centenar de personas adultas con 18 menores decidieron resistir en el interior del terreno, y fueron desalojados por la fuerza. Algunos afectados han denunciado haber sido golpeados en el accionar policial. El desalojado concluyó con el corte de la autovía de Sant Antoni durante unos minutos en protesta por el desalojo.

Los habitantes de Can Rova pagaban el alquiler a uno de los propietarios del terreno a cambio de instalar su caravana, tienda de campaña o hacerse una chabola en unos metros que definían como parcela.

El desalojo se ha ejecutado por orden judicial después de que la Audiencia Provincial diera la razón a los hermanos, también propietarios de la finca, que le habían denunciado por “uso abusivo” del terreno con la realización de actividades “ilegales e incluso peligrosas, y contraria a su destino”.

La portavoz de las personas desalojadas, Alicia Bocuñano, aseguró ayer antes del operativo que las familias no tienen “dónde ir”.

Las situaciones personales trasladadas por los inquilinos de este asentamiento ilegal son diversas pero con la misma problemática de base: no pueden encontrar alquileres asequibles en la isla, a pesar de tener trabajo, o directamente no les alquilan por tener hijos menores. Algunos llevan meses viviendo en el asentamiento chabolista y otros residen desde hace años.