Promotores y constructores piden responsabilidad política para impulsar vivienda asequible en Palma

La Asociación de Promotores Inmobiliarios (Proinba) y la Asociación de Constructores de Baleares han hecho un llamamiento a la responsabilidad de los partidos políticos para articular medidas que permitan sacar al mercado vivienda asequible.

En un comunicado conjunto, ambas entidades han salido en defensa del decreto aprobado recientemente por el Consell de Govern mediante el cual se pretende movilizar suelo en el que construir unas 20.000 viviendas en Palma, la mitad de ellas a precios "asequibles" y que estiman que oscilarán entre los 200.000 y los 300.000 euros.

La capital balear, han sostenido, presenta la "mayor emergencia habitacional" de las Islas y cuenta con los recursos normativos y técnicos para poner en marcha esta iniciativa "de forma inmediata". "Es la principal solución que viene reclamando el sector desde hace años", han apuntado las asociaciones, que cifran en "más de un millón de residentes" los afectados por la crisis de acceso a la vivienda.

Que el decreto se centre en Palma, han considerado los constructores y promotores inmobiliarios, "no excluye, sino que anticipa, la posibilidad de aplicar estas medidas en otros municipios donde la necesidad de vivienda asequible también es urgente, pero que aún no disponen de las condiciones normativas o de infraestructura para avanzar al mismo ritmo".

"Hacemos un llamamiento a la responsabilidad de todos los partidos políticos, instituciones y agentes sociales para dejar de lado los intereses partidistas y priorizar el bien común. La ciudadanía no puede esperar más, necesita soluciones ahora", ha dicho el presidente de Proinba, Óscar Carreras, quien ha reclamado que la vivienda asequible no sea "rehén del enfrentamiento político".

Su homólogo en la Asociación de Constructores, Climent Olives, ha mostrado la voluntad del sector al que representa de "apoyar cualquier iniciativa que favorezca el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna y asequible".

"Este decreto ley nos parece una magnífica noticia para los ciudadanos. Agilizar la tramitación de los suelos urbanizables es la principal medida que siempre hemos reclamado desde el sector. Es la solución más eficaz para sacar una gran bolsa de vivienda asequible, la más necesaria en estos momentos", ha manifestado.

El citado decreto, han coincidido ambas asociaciones, se inspira en precedentes como la ley de reservas de suelo estratégico, "aprobada por un gobierno progresista y respaldada por amplias mayorías". "Este no es un debate ideológico: es una necesidad social que nos interpela a todos y donde la vivienda se ha convertido el problema número uno de las familias", han añadido.

"Hay que recuperar los antiguos Planes de Vivienda donde los clientes finalistas recibían ayudas directas de Gobierno Estatal y del Govern. Queremos hacer vivienda protegida pero no todo el mundo tiene 60.000 euros para dar en la entrada. Es obligación de la administración dar ayudas directas a los compradores como se hacía en 2000- 2012 estableciendo una partida presupuestaria para ello", ha defendido Carreras.

Todo ello, han concluido, en un contexto en el que desde la crisis económica de 2008 la política de vivienda asequible en el archipiélago "no ha logrado dar una respuesta afectiva a la creciente demanda" a causa de una "reducción drástica" en la construcción de estos inmuebles, un marco normativo "que genera inseguridad jurídica" y el "incremento constante" de los costes del suelo y la edificación.