Policías locales y funcionarios de Palma exonerados por el caso Cursach, en pie de guerra contra Cort

Policías locales de Palma y funcionarios municipales encausados y posteriormente exonerados en las distintas líneas de investigación del caso Cursach han denunciado que Cort ha modificado “de forma unilateral” uno de los criterios establecidos en el acuerdo que regula sus condiciones laborales: el relativo al pago de las minutas de los abogados contratados por el personal del Ayuntamiento en caso de resultar imputado en un procedimiento judicial y ser finalmente absuelto.

En declaraciones a Crónica Balear, fuentes próximas al colectivo afectado recriminan que, después de más de treinta años durante los cuales el Consistorio ha garantizado la asistencia jurídica de los agentes y, con ello, el abono directo de los honorarios de sus letrados, Cort “ha decidido que deben primero los agentes pagar a los abogados”, con la incertidumbre de desconocer cuándo se les transferirá lo ya abonado.

Desde el Consistorio, sin embargo, aseguran que no se niegan “en absoluto” a pagar las minutas de los abogados, si bien precisan que el procedimiento a seguir “no pasa por pagar de forma directa al abogado, sino al funcionario en base a un comprobante de gasto” al que el afectado debe haber hecho frente previamente.

Como alternativa, señalan que, al tratarse de facturas “muy caras” en algunos casos debido a la duración de los procedimientos judiciales en los que los funcionarios se han visto inmersos, “lo que se propone es pagar un adelanto al funcionario”. De hecho, subrayan que así se ha hecho durante el último año con altos cargos como Antoni Noguera, Álvaro Gijón y Miguel Femenias.

Se trata de unas medidas que han generado una gran indignación entre los más de 100 funcionarios a quienes se les archivó la causa matriz del caso Cursach así como entre “el resto de la plantilla en su conjunto”, al considerar que no es sino “otra traba más” por parte del actual equipo de gobierno contra quienes fueron investigados en la causa.

“Cualquier asistencia jurídica relacionada con las labores de los agentes locales debe ser garantizada por parte de la Administración, como en cualquier empresa privada”, esgrimen los policías, quienes lamentan que Cort haya cambiado “misteriosamente y de forma repentina” las condiciones, abocando a los propios trabajadores a abonar las cantidades a sus letrados “con el gran desconcierto de saber si se devolverán dichas minutas”.

Por su parte, el sindicato CSIF ha anunciado que ya ha iniciado diversas gestiones con el objetivo de depurar responsabilidades por estos hechos, además de “reclamar y exigir que la asistencia jurídica se realice de la misma forma en que se ha hecho desde de que la misma consta en los diferentes acuerdos reguladores de las condiciones laborales”.

“La asistencia jurídica es un derecho reconocido que debe gestionar, sobre todo económicamente, la Administración. No es de recibo que ahora lo tenga que asumir el trabajador con el consiguiente perjuicio económico que le puede suponer la dilación en el pago por parte del Ayuntamiento o el tener que pedir un crédito para poder hacer frente a esos gastos con unos intereses añadidos”, recalcan desde el CSIF.

La entidad sindical hace uso, además, de un símil para hacer hincapié en el quebranto que esta situación ocasiona: “como ejemplo, podemos citar el que la Administración obligase a los trabajadores que llevan vehículos durante su servicio y este pinchase o sufriese una avería, a abonar anticipadamente la reparación y después pidieran el pago de la misma, algo totalmente incoherente y surrealista”.

Desde el colectivo aseveran que, en medio de “esta pesadilla que les ha tocado vivir”, muchos de ellos han visto perdidos sus ahorros “para sobrevivir estos años y algunos, incluso, su casa, sin contar con que se les ha destruido su reputación y profesionalidad, humillándolos públicamente, tratándoles de presuntos culpables, vulnerando sus derechos más representativos en un estado de derecho, la presunción de inocencia, y para más inri, teniendo ahora que abonar primero su asistencia jurídica”.

“Aún está por ver de qué manera afectará dicho proceso a las arcas municipales, ya no solo para el abono de dichas asistencias sino cuando se reclamen los sueldos atrasados (concedidos por sentencias judiciales) o por las reclamaciones por daños y perjuicios cometidos”, aseveran las mismas fuentes. “Lo que es seguro, se está viendo y queda demostrado es la mala gestión por parte de este equipo de gobierno que está costando millones a los ciudadanos de Palma”, sentencian.

Los agentes y funcionarios anuncian, además, que en los próximos días prepararán acciones legales “en contra de estas decisiones políticas arbitrarias” así como diversas manifestaciones con el objetivo de hacer pública su protesta.