Piden investigar la desaparición de un expediente abierto contra Sonia Vivas

Un agente de la Policía Local de Palma ha solicitado al Ayuntamiento que investigue la paralización del expediente disciplinario que, en 2011, le fue incoado a la ex policía y actual concejala de Justicia Social, Sonia Vivas, por retirar de forma arbitraria el vehículo de una compañera del cuerpo.

Mediante un escrito al que ha tenido acceso Crónica Balear, dirigido al jefe de la Policía Local, el abogado del agente pide que se esclarezca "si ha existido discriminación" hacia él por parte del Consistorio ante la "celeridad" con la que, en su caso, sí se acordó apartarle del cuerpo como consecuencia de las acusaciones que pesan sobre él en el marco del caso Cursach.

"Obviamente ha quedado probado que se ha producido una discriminación patente y real", incide el letrado, quien recrimina el hecho de que el expediente abierto a su cliente se llevó a cabo con tal "premura, celeridad e interés tan sorprendente que, aun cuando no se podía notificar ni ejecutar", se le intentó comunicar "de todos los modos, entre ellos visitándolo en la prisión para tal fin".

Y ello a pesar de que, subraya, el expediente abierto contra Vivas aludía a "hechos tan graves" que habrían supuesto su expulsión del cuerpo, "sin que hasta el día de hoy se conozca el motivo por el que dicho expediente desapareció, aun habiendo sido entregado por registro del propio Ayuntamiento en el año 2013".

El agente, ante lo que considera una "cadena de incumplimientos, dejadez, falta de trasparencia y tantas extrañas circunstancias", quiere que se indague "si se han utilizado influencias" para que el expediente contra Vivas acabase paralizado, además de "cuántas personas, de forma activa, directa o indirecta, han intervenido en este despropósito general".

No sólo eso. Tras reclamar que se lleve a cabo una investigación "detallada con nombre y apellidos de cuantos han intervenido", exige que se depuren responsabilidades y, en caso de que se hallen indicios de delito, "como esta parte entiende", sea el propio Ayuntamiento el que, a través de sus servicios jurídicos, "lo denuncie ante la Fiscalía".

En su escrito, el abogado incide en la existencia de "intereses diferentes" entre su caso y el de Vivas, y postula que, a fin de que ésta no acabara expulsada de la Policía Local, "han tenido que intervenir terceras personas que pudieran obtener algún beneficio directo o indirecto de la ocultación y no ejecución" del expediente.

Atribuye, incluso, a "algún tipo de acto de venganza" el que "beneficiaran a la señora Vivas haciendo desaparecer su expediente" y, en cambio, "ejecutaran con premura" el de su patrocinado.

"Mi cliente se siente discriminado por las actuaciones emprendidas por esta Administración, que desde el primer momento no ha respetado su presunción de inocencia, anteponiendo un proceso administrativo y privándole del derecho al trabajo, sin tener ninguna medida judicial que le prohíba su desempeño, manteniéndose y motivando el cese de funciones por el fuerte impacto mediático del caso [Cursach]", asevera el abogado.

Origen del expediente contra Sonia Vivas

En concreto, fue el 10 de noviembre de 2010 cuando sucedieron los hechos que desembocaron en la apertura del expediente disciplinario contra Vivas. Ese día, la ex agente retiró el coche de su compañera por encontrarse estacionado, según alegaba, en un reservado para discapacitados y autobuses.

Sin embargo, un informe emitido posteriormente por la Policía Local señala que la ex agente actuó condicionada por una “animadversión manifiesta” hacia la usuaria habitual del vehículo, otra agente del cuerpo que a la sazón era su excompañera sentimental.

Se trata de unos hechos que motivaron que la afectada por estos hechos presentase una queja que dio lugar a que la Policía Local investigara qué había sucedido.

En el marco de esas diligencias, la propia Vivas fue interpelada al respecto. Aseguró que la decisión de retirar el coche fue adoptada de forma conjunta junto al compañero con el que patrullaba a instancias de un ciudadano con discapacidad que decía sentirse perjudicado por la ocupación del vehículo. Es más, la entonces agente aseguraba desconocer a quién pertenecía el turismo.

La Policía, en su informe, llama la atención, entre otros aspectos, sobre el hecho de que la pareja de agentes retirase el coche sabiendo que se trataba de un reservado para bus escolar que en esos momentos se encontraba fuera del horario de clase o que no denunciase a otro vehículo que se hallaba aparcado en el mismo lugar.

Ante estas circunstancias, en abril de 2011 el cuerpo decidió incoar un expediente contra Vivas al considerar que ésta habría incurrido en cuatro faltas graves. Entre ellas, la de excederse arbitrariamente en sus facultades en el ejercicio de su cargo y la de actuar con abuso de atribuciones causando daño a particulares.

Dos meses después de la apertura de este expediente, la ex agente decidió denunciar a su ex pareja así como al comisario y al subinspector que intervinieron en el mismo por supuestos delitos de lesiones, trato degradante, prevaricación y calumnias.

Según otro informe, en este caso de la Fiscalía, Vivas decidió denunciarles por vía penal con el objetivo de paralizar el expediente disciplinario que le habían incoado.

Los hechos, además, han servido de base para que la Asociación de Víctimas por Arbitrariedades Judiciales (JAVA) se querelle contra Vivas por denunciar, siete años después, a dos compañeros de la Policía Local -entre quienes se encuentra el agente que pide que se investigue la paralización del expediente- por supuestas vejaciones homófobas utilizando -para acreditar el menoscabo físico y mental que aseguraba haber sufrido- los mismos informes médicos que había presentado en su denuncia de 2011.