Piden 3 años de cárcel para la exalcaldesa de Ses Salines por supuestas represalias a funcionarios que denunciaron irregularidades
Redacción | 13/10/2020
La Audiencia Provincial de Baleares juzgará este miércoles a la exalcaldesa de Ses Salines Maria Bonet (PP) por presuntos delitos de prevaricación, obstrucción a la justicia y acoso laboral, por los que la Fiscalía pide una condena de tres años de cárcel y doce años de inhabilitación especial.
La Fiscalía acusa a Bonet de haber obstaculizado el trabajo de dos funcionarios, ambos arquitectos, y de abrirles un expediente de forma injustificada, supuestamente en venganza por haber denunciado presuntas irregularidades en el Ayuntamiento.
El fiscal pide que se condene a la exalcaldesa a pagar una multa de 6.000 euros y que, junto con el Ayuntamiento de Ses Salines, indemnice a los dos funcionarios con 5.000 euros cada uno por los daños morales.
La acusación pública señala que después de la denuncia de los dos arquitectos -por la que se incoaron diligencias en un Juzgado de Manacor- la entonces alcaldesa "comenzó a obstaculizar el trabajo de los dos funcionarios, directamente o a través de órganos del Ayuntamiento, como respuesta a la intervención de dichos funcionarios respecto a las supuestas irregularidades".
El fiscal subraya que lo hizo "siempre con conocimiento de que su actuación no respondía a la persecución del interés público que debía presidir sus actuaciones".
Así, en su escrito la Fiscalía acusa a Bonet de haber impedido que los funcionarios presentaran informes, imponiéndoles que procedieran a la comunicación directa de sus actuaciones. Sin embargo, cuando se dirigían directamente a ella, se negaba a recibir las comunicaciones, según la versión del Ministerio Público.
El fiscal detalla que los dos funcionarios no pudieron acceder a expedientes administrativos relacionados con su trabajo, y que uno de ellos fue destituido como jefe de urbanismo después del informe previo -sobre la paralización injustificada de 13 informes de disciplina urbanística- que dio lugar a la investigación contra la alcaldesa.
Finalmente, en mayo de 2015, la alcaldesa abrió un expediente disciplinario a los dos trabajadores, "con conocimiento de que las actuaciones de los funcionarios no habían sido constitutivas de infracción administrativa", según la Fiscalía. Con la apertura del expediente se les impuso una suspensión provisional de funciones durante un máximo de seis meses, y posteriormente fueron sancionados.
