Multan a un bar de Palma por repartir comida a personas sin recursos en medio de las restricciones

"Que me llegue esta multa por una labor social es penoso y vergonzoso". Con estas palabras, la propietaria de un bar de Palma lamenta haber sido sancionada con 3.001 euros por repartir comida a personas sin recursos a principios del año pasado, fecha en la que Baleares se encontraba en nivel 4 de alerta sanitaria por la pandemia de la COVID y la hostelería debía permanecer cerrada. 

En declaraciones a Crónica Balear, la dueña del local, Melissa Rodríguez, explica que jamás pensó que la multarían por esta actuación solidaria. "Cuando me llegó la sanción pensé que era una broma", asegura. Ahora, ante la dura situación económica que atraviesa, la mujer va a intentar recaudar el dinero a través de un bote en el que los clientes aporten lo que puedan. Los interesados en ayudarla también pueden realizar sus ingresos mediante bizum al teléfono 663 327987. 

Tal como recuerda Rodríguez, debido a las circunstancias acarreadas por la crisis de la COVID, un grupo de voluntarios y "los que conformamos la familia del Bar Gallego" decidieron echar mano de la solidaridad en favor de quienes estaban sufriendo la peor cara de la pandemia.

"Empezamos a humanizarnos y apelar a la calidad humana de la gente y emprendimos una actividad sin fines de lucro como fue entregar comida caliente a la gente de la calle, personas que sin recursos necesitaban una mano amiga", muchas de las cuales, asevera la hostelera, "antes de que empezara esta pesadilla tenían un trabajo o alguna fuente de ingreso y de la noche a la mañana se encontraron sin un pan en su mesa".

La actividad arrancó  el 29 de enero. En ese momento, Baleares se hallaba en el nivel 4, que prohibía el servicio de restauración en espacios interiores excepto para la actividad de servicio a domicilio, que debía llevarse a cabo a puerta cerrada, así como de recogida de comida y bebida, que debía realizarse sin acceso de los clientes al establecimiento.

Tal como explica la propietaria del bar, "debidamente nosotros solicitamos la ayuda al señor Alberto Jarabo [portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento y regidor de Participación Ciudadana y Gobierno Interior] para que solicitara el correspondiente permiso". "Tenía pleno conocimiento de nuestra actividad y muy gentilmente nos dio su ayuda y pidió los permisos correspondientes".

Sin embargo, lamenta Rodríguez, ese mismo día acudieron al establecimiento la patrulla verde de la Policía Local, agentes que, asevera, "no vieron el lado humano de la actividad y nos levantaron acta aludiendo a que estábamos infringiendo la normativa COVID porque tenía a dos voluntarias a las 16.30 debidamente identificadas con su credencial de voluntarias, bebiendo cada una agua y medio bocadillo ya que venían colaborando con la labor desde las 08:00 horas. Después de tantas horas de arduo trabajo sin ningún tipo de remuneración estaban cansadas y con muchísima hambre".

La mujer explica que, ante tal situación, se puso de nuevo en contacto con Jarabo, quien la atendió y habló con los agentes: "Me dijo que me quedara tranquila, que ellos levantaban el acta por protocolo y que no iban a proceder a abrir ningún expediente sancionador". "Para mi sorpresa, después de casi un año, me piden que pague 3.000 euros por una actividad que llevé a cabo casi dos meses" y de la cual, asegura, quedó "muy satisfecha a nivel personal".

"ORGULLOSA DE HABER AYUDADO A MÁS DE 200 PERSONAS"

"Me siento muy orgullosa de haber podido ayudar a más de 200 personas que, gracias al sacrificio de mucha gente, lograba llevarse algo caliente a su barriga", confiesa la propietaria del bar Gallego.

Pese a ello, señala cómo desde entonces ha sufrido "acoso de parte de la Policía Local". "Me han enviado en un mes más de dos inspecciones de sanidad y han tratado de multarme por cualquier pretexto. Han logrado que, a pesar de la situación extrema que estamos atravesando los bares, pague más de tres multas, alguna de ellas sin la notificación pertinente, pero como subían los recargos he sacado de mi bolsillo y las he pagado para que no no quedarme sin mi negocio y sin mi fuente de ingresos para alimentar a mis dos hijos".

En este contexto, la hostelera recrimina que hechos como este "hacen que los pocos humanos de bien perdamos la buena voluntad de ayudar al prójimo y hacer labores sociales". Una función que, añade, "deberían estar haciendo los políticos". "Al menos, si no lo hacen, dejen que otras personas lo hagan y no hundan más al pequeño comercio y al autónomo asfixiado que ya no puede continuar con la situación que ha desencadenado esta pandemia tanto a nivel económico como social".