Los abogados de Baleares denuncian "la situación crítica en la que se encuentra la Justicia"

"El servicio de Justicia está al borde del colapso por efecto de un déficit histórico y estructural de inversión en recursos humanos"

Redacción | 28/06/2023

-Concentración frente a los juzgados de Palma convocada por el Ilustre Colegio de Abogados de Baleares con el objetivo de reclamar la urgente reactivación de la Justicia. EFE

Los abogados de Ibiza, Mallorca y Menorca se han concentrado este miércoles ante las sedes de diferentes juzgados de Baleares para denunciar públicamente "la situación crítica en la que se encuentra la Justicia" y exigir "soluciones urgentes para reactivar de forma inmediata" el servicio.

Según ha indicado este miércoles el Colegio de Abogados de Baleares en un comunicado, el servicio de Justicia está "al borde del colapso por efecto de un déficit histórico y estructural de inversión en recursos humanos y materiales", que además se ha visto agravado por las huelgas que se vienen sucediendo desde hace cinco meses.

Asimismo, han reclamado que "de una vez por todas se haga justicia" con los profesionales adscritos al turno de oficio y ALD, unas reclamaciones que han censurado que han sido "sucesivamente desoídas" por los poderes públicos.

Las reivindicaciones recogen peticiones como mejoras en las condiciones de prestación de servicio, la reducción de la carga burocrática que deben soportar estos profesionales, y la ampliación del número de ciudadanos que podrían acogerse al servicio.

En cuanto a esta última medida, han asegurado que se conseguiría si en vez de tomar como base para el reconocimiento de la justicia gratuita el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) se optase por el Salario Mínimo Interprofesional.

Además, también han mencionado reivindicaciones de carácter económico para profesionales adscritos al turno de oficio y ALD, como la dignificación de los baremos de pago o el abono de todas las actuaciones profesionales que requiere la labor de defensa de los justiciables, con independencia de que, después, se les conceda o no el beneficio de la Justicia gratuita.

En el manifiesto leído en las diversas concentraciones que se han desarrollado ante los juzgados de Vía Alemania, los juzgados de Mahón y de lo Penal de Ibiza, la abogacía ha lamentado "la inacción de la administración pública ante este deterioro inasumible" y ha reprochado al Ministerio "que ni se intente negociar con los funcionarios en huelga una posible salida al conflicto".

Por estos motivos, los abogados han reclamado "un acuerdo que reactive de forma inmediata" el normal funcionamiento de este servicio público, así como medidas urgentes para "resolver los inadmisibles retrasos acumulados".

El decano del Colegio de Abogados, Martí Aleñar, presente en la concentración en Palma, ha incidido en que la situación "está afectando muy gravemente a muchos ciudadanos que aspiran a que su asunto, para ellos de vital importancia, encuentre solución en los tribunales".

Además, ha añadido que la situación "está causando enormes perjuicios a los profesionales de la abogacía" y ha detallado que se siguen suspendiendo juicios a diario, y que algunos ya se están señalando a dos años vista, algo que ha calificado como un "auténtico drama para las personas que llevaban meses, si no años, esperando la vista".

Una realidad que, según ha indicado el Colegio, constata, de alguna forma, el servicio de información estadística del Consejo General del Poder Judicial, ya que en un informe sobre los efectos de la huelga que mantuvieron los Letrados de Administración de Justicia entre el 23 de enero y el 28 de marzo de este año, estima que sólo en los tres primeros meses del año dejaron de celebrarse en Baleares un 16 por ciento de los juicios que estaban señalados.

También señala que los asuntos repartidos pendientes de ser aceptados -en relación a los previstos- habrían crecido en Baleares un 33 por ciento en el mismo periodo.

No obstante, y más allá de la mencionada reactivación inmediata, los letrados también han reivindicado un Pacto de Estado que permita avanzar hacia "la justicia moderna, ágil, eficiente y de calidad que merecen la ciudadanía y el Estado de Derecho".

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