Ibiza limitará la entrada de vehículos

La isla de Ibiza limitará la entrada de vehículos para “corregir” la problemática derivada de la “congestión del territorio insular” en los meses del año con más afluencia de personas y vehículos por el turismo.

La proposición de ley, aprobada este viernes por el Consell de Ibiza, sigue los pasos de Formentera, impulsados desde 2019, y empieza la tramitación para limitar la entrada a la isla de vehículos en periodo estival.

La razón es una congestión que tildan de “elevada” y que el propio texto justifica con datos de diferentes fuentes, como los del Instituto de Estadística de las Islas Baleares (Ibestat), que constatan que el parque de vehículos de la isla se ha incrementado en un 255 % entre 1996 y 2023, pasando de 63.062 a 160.835.

Añaden que en el periodo de 2001 a 2022, la entrada anual de vehículos a Ibiza "se ha cuadruplicado", pasando de los 51.000 a los 206.960. El texto de la proposición de ley detalla que el 40 % de estas entradas se registran en los meses de julio y agosto, lo que implica una “gran sobrecarga” de la red viaria insular.

La justificación de motivos para iniciar la limitación continúa señalando que, una vez superada la crisis sanitaria, el número de vehículos que actualmente circulan por la isla “ha superado prácticamente los niveles previos a 2019”, además de incrementarse de forma “muy acusada” los vehículos que entran en la isla por el puerto y después no salen.

Según datos aportados por Autoridad Portuaria de Baleares (APB), en 2019 entraron (sin contar el tráfico con Formentera) 112.053 vehículos, de los que 28.923 lo hicieron en julio y agosto.

En 2023, también según APB, entraron 150.666 vehículos, un 34,2 % más que cuatro años antes. En julio y agosto fueron 42.718 vehículos, un incremento del 47,5 % más en cuatro años.

A partir de estas cifras, la administración insular pretende elaborar una ley que establezca “medidas de carácter limitativo” en la entrada de vehículos, con un motivación “ambiental y territorial”, y evitar el consumo de más territorio con la “ampliación de las infraestructuras viarias que, en temporada alta, ya están al límite de su capacidad”.

En el articulado presentado se establece limitar la afluencia de vehículos a motor y determinar el “número máximo” de vehículos de alquiler en circulación.

En este último caso, la proposición de ley reconoce que las medidas restrictivas pueden afectar “especialmente” a los vehículos de alquiler, “dado que son los que tienen más incidencia en la saturación”.

Quedan exentos de esta limitación los vehículos cuyos titulares son residentes en Ibiza, los que tengan una vivienda o los residentes del resto de islas de Baleares que acrediten la necesidad habitual de desplazarse por motivos laborales.

El pleno de la máxima institución insular tendrá la potestad de establecer, con carácter anual o bienal, el techo de vehículos que pueden circular por la isla en los periodos de limitación, así como la cuota reservada para los residentes en Formentera.

En esta regulación se dará preferencia siempre a aquellos vehículos eléctricos o no contaminantes.

En cuanto a las caravanas, será el Consell de Ibiza el que fije una cuota máxima y se plantea que tengan la obligación de acreditar una previa reserva en un campamento de turismo de la isla para su estacionamiento y pernocta.

Con el fin de evitar la proliferación de vehículos a motor que son empleados como vivienda, el texto prohíbe el “estacionamiento prolongado de vehículos a motor en el suelo rústico” de la isla, fuera de los aparcamientos de uso público existentes y especialmente habilitados.

Detalla que se considera estacionamiento prolongado “permanecer estacionado en la misma ubicación más de tres días”.

Finalmente, concreta que está prohibida la acampada y pernocta con vehículos a motor fuera de los campamentos de turismo legalmente existentes.

La máxima administración insular pretende que “no quede comprometida” la capacidad de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales, no se “sobrepase” la capacidad de recogida y tratamiento de los residuos, no se “sobreexploten” los recursos hídricos, no se supere la “capacidad de carga” de playas y calas y, en definitiva, “no se pierda el valor y la buena imagen de la isla”.

Por último, se establece un régimen sancionador para los incumplimientos, con multas que van desde los 300 euros hasta los 30.000 euros en función de la gravedad de la infracción.