Govern se compromete a "trabajar para que consentimiento informado sea bilingüe en todos los hospitales" de Baleares

El Govern, a través de la Conselleria de Salud, se ha comprometido este lunes a "trabajar para que el consentimiento informado sea bilingüe en todos los hospitales" de Baleares.

Así lo ha informado la consellera de Salud, Manuela García, este lunes, en declaraciones a los medios de comunicación, después de reunirse con Sanitaris per la Llengua, sectorial de la OCB.

García ha considerado que el encuentro mantenido con Sanitaris per la Llengua ha sido "una reunión provechosa, donde se han puesto en común una serie de medidas que" al Govern le "han parecido muy coherentes y relativamente fáciles, con un poco de buena voluntad, de implementar, además de muy justas y completamente alineadas con la línea que en estos momentos sigue la Conselleria de Salud".

Más en detalle, según la consellera, durante la reunión se ha hablado fundamentalmente de tres aspectos. Uno de ellos, ha señalado, es el consentimiento informado, que Sanitaris per la Llengua cree que debería de ser bilingüe en todos los hospitales, al igual que en toda la documentación, impresos y circulares, especialmente las que tienen los usuarios como destinatarios, así como también en carteles e indicadores --tanto fijos como eventuales--.

En el Hospital Universitario de Son Espases dicho consentimiento es completamente bilingüe desde hace años pero, según ha trasladado a la consellera la sectorial de la OCB, hay hospitales donde no es así.

En este sentido, García se ha comprometido a que desde la Conselleria de Salud van a "trabajar para que el consentimiento informado sea bilingüe en todos los hospitales" de baleares porque, en su opinión, "es una cuestión totalmente necesaria.

Sanitaris per la Llengua también ha solicitado en este contexto a la Conselleria de Salud del Govern que establezca sistemas de consulta y asesoramiento lingüístico en todos los centros y unidades del sistema de salud. Y, además, que cada dirección de los centros establezca un censo de los conocimientos lingüísticos del personal y en función de este, establezca los procesos de formación para que "en el tiempo más breve posible", han apuntado desde la sectorial de la OCB, "todo el mundo sea competente en las dos lenguas oficiales".

Otra de las peticiones que Sanitaris per la Llengua ha trasladado a García ha sido la implantación gradual del sistema de oferta activa de atención en cualquiera de las dos lenguas oficiales. Éste consiste en hacer evidente tanto por escrito como en las comunicaciones orales que los pacientes pueden relacionarse con esta unidad en cualquiera de las dos lenguas oficiales, sin necesidad de que lo tengan que pedir.

De este modo, durante el encuentro se ha hablado de la posibilidad de que cuando ingresen los médicos internos residentes en Baleares, dentro del programa formativo inicial, que son de como unas dos semanas, tengan un acercamiento a los términos que son propios de la medicina en Baleares "pero también, sobre todo, del conocimiento y sensibilidad que van a tener que tener como profesionales en estas islas, que puedan entender lo que el paciente les quiere comunicar", ha precisado la consellera Manuela García.

Además, la consellera ha explicado que desde Sanitaris per la Llengua les han comentado que pasarán un decálogo sobre los derechos lingüísticos de los pacientes. Un decálogo que García se ha comprometido a "analizar" y "si todo es correcto" a "hacer difusión de él en diferentes medios para que los pacientes sean conscientes" de cuáles son sus derechos en el ámbito sanitario.

En la reunión han participado la consellera de Salud, Manuela García; el director general del IbSalut, Javier Ureña; la vicepresidenta de la OCB, Lena Serra; y los representantes de Sanitaris per la Llengua, Marc Bonet y Bartomeu Ramis.

Sanitaris per la Llengua ha hecho finalmente referencia durante el encuentro con la consellera Manuela García a la necesidad de recuperar el requisito de catalán para los trabajadores de la sanidad, la eliminación del cual fue una de las primeras decisiones del Govern de Prohens y contra la que la OCB interpuso un recurso de inconstitucionalidad, que fue admitido a trámite el pasado enero.