El Govern balear reclamará al Gobierno la "expulsión inmediata" de los inmigrantes ilegales

El Parlament ha aprobado parcialmente una proposición no de ley (PNL) presentada por Vox que insta al Govern a exigir al Gobierno central la "expulsión inmediata" de los migrantes en situación irregular, de acuerdo con la legislación en materia de extranjería. El texto, defendido por el diputado de Vox Sergio Rodríguez, también reclama que se promuevan cambios legales para evitar el fraude en el empadronamiento, impidiendo así que las personas en situación irregular puedan acceder a beneficios y ayudas sociales.

Otro punto aprobado es la petición al Govern de declarar que Baleares no apoya a las asociaciones y ONG que, según la propuesta, colaboran con las mafias del tráfico de personas y la inmigración ilegal.

La iniciativa salió adelante con el respaldo de PP, Vox y el Grupo Mixto, mientras que PSIB y MÉS per Mallorca votaron en contra. Sin embargo, los puntos originales sobre la expulsión y el empadronamiento fueron modificados por el PP antes de su aprobación.

PUNTOS RECHAZADOS EN LA PROPUESTA

No prosperaron algunas de las medidas más controvertidas de la PNL, como la que pedía al Govern que rechazara la apertura de nuevos centros de acogida de migrantes en situación irregular y que planteara el cierre de los que ya están en funcionamiento.

También se rechazó la propuesta de destinar las ayudas públicas para la acogida e integración de migrantes a financiar su traslado a sus países de origen o, en su defecto, a Bruselas, argumentando que allí se encuentran "las élites europeas que alientan y promueven su llegada", según Vox. Otra medida que no obtuvo respaldo fue la celebración de una consulta popular sobre la expulsión de los migrantes en situación irregular en Baleares, tanto a nivel autonómico como municipal. Estos puntos fueron rechazados con 12 votos en contra de PP, PSIB, MÉS per Mallorca y el Grupo Mixto, con Vox como único voto a favor.

ACUSACIONES DE POSTURAS "TRUMPISTAS"

Durante el debate en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales, la diputada de MÉS per Mallorca, Marta Carrió, criticó la postura del PP, acusándolo de asumir postulados "trumpistas" contrarios a los derechos humanos. Carrió calificó la PNL como una defensa de "expulsiones masivas ilegales", que van en contra de la normativa internacional. "Las personas no son ilegales, solo se encuentran en una situación administrativa irregular, pero nunca son ilegales", enfatizó.

También recordó que esta medida ignora el artículo 13 de la Declaración de Derechos Humanos de la ONU de 1948, que reconoce la migración como un derecho humano. Además, cuestionó que el PP haya apoyado acusaciones contra entidades y ONG que trabajan en derechos humanos, tildándolas de "criminales" y de colaborar con las mafias del tráfico de personas.

Por último, recordó que el 18 de marzo se cumplieron 25 años desde la regularización de 264.153 migrantes en situación irregular bajo el Gobierno de José María Aznar, cuando Catalina Cirer era delegada del Gobierno en Baleares, lo que incluyó 5.000 personas en las islas.

APOYO A LA INCLUSIÓN DE PERSONAS SORDAS

En la misma comisión, se debatió y aprobó una PNL de MÉS per Mallorca, defendida por la diputada Maria Ramon, que insta al Govern a promover la lengua de signos en todos los ámbitos de la vida para garantizar la inclusión de las personas sordas. El Parlament también solicita que el Govern reconozca la lengua de signos como una lengua propia de Baleares, y que se garantice su uso en el sistema educativo y sanitario.

Además, se pide que se incorporen auxiliares de conversación en lengua de signos en las escuelas y que se refuercen los apoyos en el IbSalut para la atención de personas sordas y sordociegas.

RECHAZO A UNA COMPARECENCIA SOBRE CORRUPCIÓN

Por otro lado, la comisión rechazó la petición del PSIB para que compareciera Catalina Ferrer, responsable de la Inspección General de Calidad, Organización y Servicios, para informar sobre los 528 expedientes recibidos de la extinta Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares (OAIB). La solicitud fue rechazada por PP, Vox y el Grupo Mixto, con el único apoyo de PSIB y MÉS per Mallorca.