Europa abre investigación sobre los contratos de mascarillas de Canarias y Baleares
Investiga presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias
EP | Mallorca, 04 de Marzo de 2024 | 19:36h
La Fiscalía Europea ha abierto una investigación sobre los contratos firmados --durante la primera etapa de la pandemia-- por el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de las Islas Baleares con la presunta trama en la que habría participado Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, para el suministro de mascarillas.
Así lo ha anunciado este lunes el órgano comunitario en un comunicado en el que precisa que abre las diligencias tras recibir "una denuncia de un particular" y llevar a cabo "diversas medidas encaminadas a verificar su competencia para investigar los hechos alegados".
La Fiscalía Europea ha adoptado esta decisión tras recopilar información adicional de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, quienes investigan en España a siete miembros de la presunta 'trama Koldo', que habría pagado comisiones irregulares para conseguir contratos de mascarillas con la Administración durante la primera etapa de la pandemia. Según ha precisado, también ha recopilado datos de los diferentes organismos encargados de gestionar la financiación de la Unión Europea.
"En base a la información recabada, se tomó la decisión de iniciar formalmente la investigación por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias de conformidad con la legislación nacional y el Reglamento de la Fiscalía Europea", ha señalado.
En el marco del comunicado, el organismo comunitario no ha precisado si ya figuran personas o empresas imputadas por dichos delitos o si de momento solo investiga hechos.
CINCO CONTRATOS POR 16 MILLONES
La Fiscalía Anticorrupción española remitió documentación a la Fiscalía Europea el 8 de junio de 2023 a través de un decreto "al afectar a fondos de la Unión Europea". Fuentes cercanas a la investigación confirman que los contratos en cuestión serían varios suscritos con las comunidades autónomas entonces presididas por Francina Armengol y Ángel Víctor Torres.
En concreto, se trata de cuatro contratos firmados por Canarias y uno por Baleares con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL entre abril y mayo de 2020, por importe conjunto de 16.019.079 euros, de acuerdo a los datos que recoge la querella del Ministerio Público español.
En el caso de Canarias, el primero de dichos contratos se firmó para el suministro de 837.300 mascarillas KN95 y 555.000 mascarillas FFP2 por un importe de 2.095.018 euros. El segundo se adjudicó en concepto de transporte, fletes aéreos y seguros de transporte de mascarillas por 447.061 euros. El tercer contrato alcanzó los 4,7 millones de euros para la adquisición de mascarillas FFP2. Y el cuarto se suscribió por 5 millones de euros para el suministro de dos millones de mascarillas KN95.
Respecto a la Administración balear, el contrato adjudicado por el Servicio de Salud de las Islas Baleares se firmó en mayo de 2020 por 3,7 millones de euros para el suministro de mascarillas FFP2.
CONTRATOS INVESTIGADOS EN LA AUDIENCIA NACIONAL
Cabe recordar que el resto de contratos que fueron adjudicados a la presunta 'trama Koldo' están siendo investigados por el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional y la propia Fiscalía Anticorrupción.
En su querella, el Ministerio Público detalla que el primer contrato investigado fue adjudicado por Puertos del Estado, formando parte de su Consejo Rector el propio Koldo. El segundo fue adjudicado por un ente dependiente de su Ministerio --ADIF-- "donde asesoraba al titular" del mismo. "Los contratos posteriores se adjudican por el Ministerio del Interior a consecuencia de las decisiones del Ministerio de Transportes", añade.
En concreto, consta un expediente adjudicado en marzo de 2020 por Puertos del Estado por 20 millones de euros, un expediente adjudicado por Adif en esa misma fecha por 12,5 millones de euros, y un expediente adjudicado en abril de ese año por la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial por 3,4 millones de euros.
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