El sector de la construcción en Baleares advierte del "peligro" del decreto de territorio

El sector de la construcción en Baleares ha advertido este viernes del "peligro" que supone el nuevo decreto ley 9/2020, de territorio, del Govern. Alertan del "peligro" que supone para empresas y puesto de trabajo.

Según ha denunciado la Comisión de Construcción de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) este viernes, el decreto ley 9/2020 que previsiblemente se convalide el próximo martes, 16 de junio, en el Parlament, "encarece la vivienda y no reactiva la economía, sino que viene a imponer la ideología más radical de unos pocos por encima del interés general".

En este sentido, ha advertido CAEB, este decreto "supone dejar sin acceso a la vivienda a más de 50.000 familias de las Islas en los próximos 10 años. Y va en contra de un sector que da trabajo de forma directa a 55.000 familias y a 15.000 más incluyendo empresas auxiliares".

Asimismo, ha considerado, "llama la atención que el Govern balear se ufane de estar promoviendo una normativa proteccionista cuando, en realidad, lo que hace es reducir la edificabilidad en suelo rústico. Lo que, en la práctica, supone que se podrá continuar con el consumo de territorio, pero con menores calidades y utilidades sobre el mismo".

"En realidad los profesionales del sector primario se van a empobrecer y a perder competitividad con esta norma y todo apunta a que el campo que se pretende dignificar se acabe abandonando de una forma mucho más abrumadora de la que ya viene experimentado en los últimos años", ha hecho hincapié.

Aseguran que estas medidas "siempre han atraído la subida de precios"

Además, ha advertido, "la experiencia de este tipo de normas mal llamadas "proteccionistas" y mejor dichas "prohibicionistas" siempre han atraído la subida de precios de suelo y motivado la especulación que tanto se pretende combatir".

Con todo, CAEB ha hecho hincapié en que el Govern convocó la Mesa de Vivienda, "ocultando sus intenciones" respecto a este decreto ley que, han denunciado, "se convalidará sin negociación ni diálogo ni buscando consensos y, además, utilizando una vía de urgencia totalmente injustificada".

Por este motivo, la Comisión de Construcción de CAEB ha decidido suspender su asistencia a las reuniones de la Mesa de Vivienda que convoque el Govern mientras no rectifique su política de territorio y vivienda.

Rechazo del Govern a la inversión privada de 2.000 millones de euros

Por último, ha lamentado que el Govern haya rechazado la propuesta del sector para movilizar 2.000 millones de euros de inversión privada "con el objetivo de reactivar la economía de Baleares, generando más de 20.000 puestos de trabajo y dando solución a corto plazo al problema de emergencia social provocada por la falta de vivienda digna y asequible que padecen los ciudadanos de Baleares".

Al respecto, la Comisión de Construcción de CAEB ha defendido que se trataba de una propuesta con la que empresas del sector ofrecían su compromiso para atraer la inversión privada para proyectos de construcción de vivienda a precios entre 150.000 y 250.000 euros.

Un ofrecimiento, ha concluido, cuyo planteamiento se basa en "suelo calificado como urbanizable y con criterios de sostenibilidad, de economía circular y de mejora del entorno para que Baleares sea ejemplo de respeto y mejora del medio ambiente".

El sector pide ayuda institucional

Por otra parte, diversas empresas y profesionales del sector, de una forma autónoma, han lanzado la campaña 'SOS Construcción' para reivindicar su papel para poder reactivar la economía.

El eje central de esta campaña es un video que tiene como fin dar a conocer la cantidad de profesionales y empresas que viven de este sector en las Islas. Y también, todo lo que la construcción aporta a la economía isleña.

De este modo, han recordado que la construcción representa el 6% del PIB de las Islas, haciendo hincapié en que 16.500 empresas viven de forma directa e indirecta de la construcción.

Mientras que, forman parte del sector 100.000 profesionales, los cuales reclaman "apoyo de las administraciones públicas y no trabas" para desarrollar su trabajo, indicando que las licencias de obra en Mallorca, tardan de media unos 18 meses a concederse.

Al respecto, han explicado, municipios como Palma, tenían antes del confinamiento provocado por la Covid-19, 900 expedientes de obra paralizados. En Mallorca se calcula, que superan los 3.000.

Asimismo, han advertido, "el decreto ley que acaba de aprobar el Govern para limitar, todavía más, la construcción a suelo rústico, tampoco ayuda".

Por este motivo, han concluido, "reclamamos el apoyo del Govern, del Consell y de los ayuntamientos de los diferentes municipios de las Islas para agilizar los procedimientos administrativos y eliminar burocracia".