El PSIB avisa de que la ley de transparencia elimina el régimen sancionador y estudian recurrirla

El PSIB ha alertado este lunes de que la ley de transparencia impulsada por el PP, que se aprobará previsiblemente este martes en el pleno del Parlament, elimina el régimen sancionador, incrementando la sensación de impunidad, y convierte al Govern en juez y parte, al asumir la tramitación de quejas y reclamaciones en un departamento dependiente de la Conselleria de Presidencia.

En un encuentro con los medios, el portavoz adjunto de la formación en el Parlament, Marc Pons, y la diputada Pilar Costa, han subrayado que más allá de la eliminación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción, medida destacada de la norma que este martes tendrá luz verde, la llamada ley de transparencia y control de los cargos públicos de Baleares tiene otras derivadas que han llevado a los socialistas a estudiar la posibilidad de recurrirla ante el Tribunal Constitucional.

A grandes rasgos, los socialistas se han referido al hecho de que las declaraciones de bienes ya no serán públicas ni obligatorias, que se dejará de proteger el anonimato y que los expedientes nuevos y en tramitación pasarán a la Inspección General de Calidad, Organizacion y Servicios de la CAIB, dependiente de la Conselleria de Presidencia.

Pons y Costa han alertado igualmente de que la propuesta elimina la figura del responsable, ya que el trabajo recaerá directamente sobre funcionarios y sobre el hecho de que si se eleva un recurso es la Mesa del Parlament la encargada de revolverlo en base a la mayoría política. Ante un nuevo recurso, han explicado, se abriría la posibilidad de recurrir en este caso ante un juzgado de primera instancia, cuando el encargado de dirimir cuestiones dimanadas del Parlament corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB). Según los socialistas, esta y otras cuestiones han suscitado las dudas de los letrados de la Cámara.

De prosperar la ley, como es esperable, Baleares será la primera Comunidad Autónoma que elimine su Oficina Anticorrupción. Desde el PSIB, de este modo, critican que la presidenta del Govern, Marga Prohens, se haya convertido en "abanderada" en este sentido. Con la aprobación de la norma este martes, la liquidación del cargo de director, que ejerce ahora Tófol Milan, será inmediata y se abrirá un plazo de seis meses para eliminar el organismo.

RÉGIMEN SANCIONADOR

Los representantes del PSIB se han detenido especialmente en la eliminación del régimen sancionador, consecuencia práctica y directa de la derogación de la actual ley, que regula esta cuestión en su Título III, y del hecho de que la propuesta que este martes verá luz no contenga referencias al respecto.

Esta cuestión representa para los socialistas que a efectos prácticos la obligatoriedad, por ejemplo, de presentar una declaración de bienes no es real porque el no hacerlo no tiene ninguna consecuencia. La nueva ley contempla la creación del Registro de Transparencia y Control del Patrimonio y de las Actividades de los Cargos Públicos, adscrito a la Mesa del Parlament, nace así vacío de contenido.

Sobre el papel de la Mesa de la Cámara también se han pronunciado Pons y Costa que han advertido sobre la falta de seguridad jurídica que supone esta circunstancia ya que convierte al órgano en el encargado de decidir que asuntos prosperan y cuáles no.

El Registro, además, pasa a ser secreto dificultando de este modo el trabajo de grupos políticos y medios de comunicación.

RECURSO AL TC

En relación a la posibilidad de elevar un recurso al TC, la portavoz de Vox en el Parlament, Idoia Ribas, ha vaticinado que "no le ve mucho recorrido" porque la Oficina Anticorrupción no es un órgano previsto en la Constitución ni el Estatut. "Así como el Parlament la creó, la puede cerrar", afirmado, antes de calificar la posible medida como una maniobra del PSIB para dilatar los tiempos.

Ribas ha adelantado el voto favorable de Vox a la ley de transparencia, argumentando que se ha demostrado que la Oficina Anticorrupción, además de suponer una duplicidad de funciones, ha resultado ser "ineficaz e ineficiente".

Sobre esta cuestión, también se ha pronunciado en rueda de prensa el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, aunque ha afirmado que prefiere esperar al pleno de este martes, cuando antes de votar la ley, se votará, a instancias de Més per Menorca, si se eleva una petición de informe al Consell Consultiu.

PLENO DEL PARLAMENT

En relación al pleno, los ecosoberanistas han adelantado que preguntarán al Govern por la amnistía en rústico y el pin parental. Respecto al primer asunto, Apesteguia ha insistido en que su formación rechaza la medida al considerar que Mallorca "no puede ser un gran solar" y ha instado a devolver el rústico a los usos que le son propios. Ha reiterado que si la norma prospera, impulsarán un recurso de inconstitucionalidad.

Sobre el pin parental, MÉS preguntará al conseller de Educación, Antoni Vera, reiterando que las familias "no tienen derecho a imponer la ignorancia a sus hijos y que la educación de los niños es un derecho que tiene que ser velado y de responsabilidad compartida de familias y poderes públicos".

Cabe recordar que la propuesta del implantar el pin parental llegará al pleno, en todo caso, próximamente, a instancias de Vox. Su portavoz, Idoia Ribas, ha insistido en que los padres tienen que tener el derecho a educar a sus hijos según sus convicciones. "Los niños no son del Estado, son de sus padres", ha afirmado.

Ribas ha restado importancia a si los contenidos objeto del veto tienen lugar dentro o fuera del horario sino a la condición de extracurricular y ha puesto como ejemplo el momento en que una clase ordinaria se sustituye esporádicamente por un taller o una charla sobre otra cuestión.

Respecto a la posibilidad de prestar apoyo a la iniciativa, el portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha reiterado que se ceñirán al acuerdo de investidura, que habla precisamente de contenidos extracurriculares. "Me ha tranquilizado escuchar a la portavoz de Vox", ha admitido.