El PP tumba el 'pin parental' de Vox en las aulas de Baleares

El Parlament se ha opuesto este martes, en sesión plenaria, a instar al Govern —como solicitaba una Proposición no de Ley (PNL) defendida por la portavoz de Vox, Manuela Cañadas— a establecer que todos los centros de Baleares informen previamente sobre la realización de actividades de contenido religioso, moral, cívico o sexual en horario escolar, y a solicitar por escrito el consentimiento expreso previo de los padres para la asistencia de sus hijos, así como del currículum de los que impartirán estas actividades.

RECHAZO A SEGUIMIENTO DEL 'PIN PARENTAL'

Dado el voto en contra del punto anterior, la Cámara también ha rechazado instar al Govern a dar cuenta del grado de cumplimiento de la instauración de esta medida en los centros educativos en un plazo de seis meses desde su aprobación.

Sin embargo, el Parlament ha aprobado instar al Govern a garantizar el derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación de acuerdo con sus propias convicciones religiosas y morales, como establece el artículo 27 de la Constitución Española.

DEFENSA DEL 'PIN PARENTAL'

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, fue la primera en intervenir para defender su PNL, que justificó como parte del "compromiso" de su partido "con la libertad, el respeto, la dignidad y la protección de derechos fundamentales de las familias", como el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos en base a sus convicciones religiosas, filosóficas y morales. Cañadas señaló que, desde la irrupción de la LOMLOE, muchas actividades promovidas por administraciones y centros "atentan contra este derecho".

"Es hora de poner a las familias en el centro de la educación y respetar sus decisiones", destacó Cañadas, quien por este motivo solicitó instar al Govern a que "informen de antemano de cualquier actividad controvertida y pidan el consentimiento por escrito a los padres", lo que se conoce como 'Pin Parental', en un ejercicio de "transparencia" para que las familias "tomen decisiones informadas".

OPOSICIÓN DEL PP Y OTRAS FORMACIONES

A continuación, la diputada del PP Anabel Curtó intervino señalando que su formación había presentado una enmienda de modificación a la PNL de Vox para garantizar lo que realmente dice la Constitución Española, que es que los organismos públicos "garantizarán que los hijos puedan recibir la educación religiosa y moral que sus padres elijan".

Curtó defendió que las actividades curriculares "nunca deben ser previamente autorizadas por las familias, ya que forman parte del desarrollo obligatorio del alumno", mientras que las actividades extraescolares sí requieren autorización. "No se pueden tratar ambas de la misma manera", subrayó la diputada.

Por su parte, la socialista Amanda Fernández recordó a Vox que "todo el mundo tiene derecho a la educación y la escuela trabaja en valores y derechos para garantizar la igualdad de oportunidades". Fernández subrayó que la educación afectivo-sexual es un tema curricular y de obligado cumplimiento, y que no requiere autorización previa, aunque las familias deben estar informadas de los progresos de sus hijos.

CRÍTICAS A VOX

Desde MÉS, criticaron que Vox "ponga en cuestión la profesionalidad de los docentes" e intente "fiscalizar el trabajo" de estos, especialmente cuando "la educación se basa en criterios científicos y pedagógicos", como indicó la diputada Maria Ramon, quien señaló que las "preocupaciones sociales deben tratarse en los centros como parte de una formación integral".

Finalmente, la diputada de Més per Menorca-Grupo Mixto, Joana Gomila, celebró el "cambio de postura" del PP respecto al Pin Parental, opinando que "aceptar las obsesiones de Vox sería menospreciar la labor docente" de los profesionales, quienes también educan en valores.

"No se puede pretender borrar actividades del currículum ni que sean los padres quienes decidan si sus hijos reciben o no esta educación, que debe ser impartida por profesionales entendidos en las materias", concluyó la diputada menorquinista.