El Govern presenta ante el Constitucional su recurso contra la Ley de Amnistía

El Govern balear ha presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la Ley de Amnistía aprobada por el Congreso al sostener que vulnera la separación de poderes al suplantar las funciones del poder judicial anulando los procesos por delitos ligados al independentismo catalán.

Según han confirmado fuentes del ejecutivo autonómico, la demanda ha sido registrada por la Abogacía de la Comunidad Autónoma de Baleares este martes, con lo que la administración del archipiélago se suma a de otras regiones gobernadas por el PP y a la demanda presentada por el propio partido.

También se ha autorizado también a la Abogacía a formalizar la recusación del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y de los magistrados del TC Juan Carlos Campo Moreno y Laura Díez Bueso.

La Abogacía de la comunidad autónoma argumenta que la Ley vulnera el principio de separación de poderes porque supone la vulneración de manera "flagrante" de la atribución exclusiva a los jueces y tribunales del ejercicio de la potestad jurisdiccional.

También recalca que la misma priva de efectos las sentencias, posibilita que las Cortes Generales puedan suplantar el poder judicial en sus funciones y considerar antijurídica la legislación que en su día aplicaron los tribunales de justicia, al borrar con efecto retroactivo delitos que eran vigentes cuando el poder judicial los aplicó.

La Abogacía de la Comunidad reitera que la Ley de Amnistía no tiene cabida dentro del marco constitucional vigente porque vulnera el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución Española y el artículo 20 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

"La Ley de Amnistía reconoce un privilegio a unos ciudadanos por el solo hecho de haber llevado a cabo las conductas generadoras de esta responsabilidad en una comunidad autónoma determinada". 

La Abogacía señala que se trata de un privilegio del cual no pueden disponer ni pueden aspirar el resto de ciudadanos españoles ni los residentes en Baleares