El GOB pide parar la promoción turística, combatir la oferta ilegal y limitar los cruceros a uno diario

El grupo ecologista GOB ha pedido este jueves medidas urgentes a corto plazo contra la masificación turística como parar la promoción turística con fondos público, combatir con contundencia la oferta ilegal y limitar los cruceros a uno diario, así como abordar una reflexión a largo plazo que cambie el modelo productivo contando con la sociedad civil.

"Hará falta la movilización e interpelar a toda la sociedad que se siente incómoda con esta situación", ha advertido la portavoz del GOB, Margalida Ramis, en una rueda de prensa en la que ha apelado a la unión y ha augurado que este verano "propiciará situaciones tensas" en Baleares, como ya está sucediendo con la dificultad de acceso a la vivienda.

Ramis ha recalcado que proponen política urgentes "que podrían ponerse en marcha hoy si hay un pacto político, como parece haber, para mejorar el acceso a la vivienda y emprender el decrecimiento turístico".

Ha subrayado que "propuestas y presión son clave para que de verdad haya cambios", y ha defendido la necesidad de ordenar la toma de decisiones después de que "la cuestión turística haya estallado en el debate político", porque en el ámbito social "hace tiempo que está sobre la mesa".

Mantener la moratoria de plazas turísticas de forma definitiva eliminando la bolsa de plazas y con propuestas de decrecimiento de plazas hoteleras y vacacionales, actuar de forma efectiva contra la oferta ilegal, regular los vehículos en verano como en Formentera en todas las islas y no habilitar aparcamientos ilegales en suelo rústico como en Alcúdia y Sóller son otras propuestas.

Exigen que decrezca el número de vuelos en el aeropuerto de Palma atendiendo a la realidad insular y la capacidad de carga ecológica y social y prohibir los vuelos privados vinculados al auge del turismo de élite, limitar los cruceros a uno diario y regular las cargas de trabajo en turismo y atender a la precarización de las kellys.

Otra portavoz, Marusia López, ha incidido en que "toda esta situación genera sufrimiento social", al ver "cómo se enriquecen los hoteleros, que cada vez hay más mansiones y campos de golf, llegan más turistas enriquecidos y a la vez hay más familias inmigrantes viviendo en una habitación, las kellys teniendo que medicarse para poder hacer cada vez más habitaciones, jóvenes que se tienen que ir de sus pueblos porque no encuentran donde vivir, trabajos más precarios y con más explotación de los trabajadores".

Como inmigrante ha puesto Cancún como ejemplo similar a Baleares de este "modelo extractivo que tiene esta capacidad de depredarlo todo" Ha señalado que la transición del modelo requerirá medidas de ámbito laboral y "combatir el relato del miedo asociado a perder el empleo en el turismo". "Esperaríamos de los sectores económicos e institucionales que cambien este relato y se pongan a trabajar en medidas de diversificación económica", ha asegurado.

En vivienda y territorio, se oponen a la legalización de viviendas en suelo rústico (la regularización extraordinaria que contempla el Govern con el decreto de simplificación) por ser un agravio comparativo con quien lo ha hecho bien y acabará posibilitando que se dedique a alquiler turístico.

Ramis ha aclarado que la mayoría de ilegalidades no son viviendas enteras, que es lo que el Govern señala que no se podrá destinar al alquiler, sino porches, piscinas y otros elementos añadidos a casas legales, que sí podrán destinarse a alquilar.

El GOB pide además derogar la Ley de medidas urgentes de Vivienda porque consideran que propicia la infravivienda y desborda las competencias urbanísticas municipales, reclama poner un techo al precio del alquiler y destinar a alquiler una reserva estratégica de viviendas que ahora están vacías.

Plantean además limitar la compra de viviendas a no residentes, porque son los que compran ahora el 40 %. Ramis señala que para hacerlo viable, el GOB explora la reclamación de un régimen especial para territorios insulares tensionados por el turismo como Baleares y Canarias en el marco de la UE.

Programas de rehabilitación de vivienda destinados a alquiler social, poner límites a los fondos de inversión y limitar nuevos crecimientos urbanísticos son otras medidas que propone la entidad verde.

Ramis ha manifestado la desconfianza ante el cambio de posición del Govern del PP, que ahora aboga por el decrecimiento y ha insistido en que en Baleares hay movilizaciones sociales reclamándolo desde 2017: "El cambio de discurso evidentemente tiene un objetivo político, pero nos agarraremos a él para exigir que las políticas sean coherentes con este cambio de discurso y no dejaremos que pase" la oportunidad.

"Si solo se quedan en anuncios, la movilización no parará, habrá una el día 25, otra a finales de verano..., habrá muchas porque la situación es cada vez más desesperada", ha advertido Ramis.