El GOB asegura que la "amnistía urbanística" del Govern "revalorizará activos inmobiliarios ilegales"

El GOB ha señalado que el decreto de simplificación administrativa, que se aprobará próximamente, activará una nueva operación de "amnistía urbanística", que servirá para promover la "revalorización de activos inmobiliarios ilegales y fuera de ordenación", por lo que, a su juicio, se "premia a los infractores".

Así lo ha considerado la entidad ecologista en un comunicado, en el que han aseverado que la presidenta de Govern, Marga Prohens, está determinada a "facilitar una nueva embestida inversora y especuladora" en unas islas que "ya se encuentran en el límite social y ambientalmente".

Según el GOB, la transformación del suelo rústico, legal o ilegal, es ahora mismo "el cambio más importante y acelerado que sufre Mallorca con graves impactos ecológicos, territoriales, agrarios y paisajísticos". Por ello, han recalcado que este tipo de suelo está "en el punto de mira de las nuevas inversiones inmobiliarias y turísticas".

Asimismo, han manifestado que estas noticias confirman "el peor de los escenarios" en cuanto a la "desregulación urbanística" impulsada por el Govern, ya que, a su parecer, ahora es el turno de la "amnistía de edificaciones ilegales" en suelo rústico, que tiene previsto aprobar en forma de decreto-ley "sin ni siquiera esperar a las anunciadas leyes de urbanismo y territorio que prevé impulsar en esta legislatura".

"La gente que no ha respetado las leyes, que no ha pagado impuestos, que no ha contratado a profesionales y que ha contribuido a la 'rururbanización' --urbanización del espacio rural-- con consecuencias directas sobre los recursos naturales, como por ejemplo la contaminación acuíferos por no disponer de fosas sépticas, ahora verá cómo el gobierno le otorga el premio de la legalización", han sentenciado.

VENDER, REFORMAR O HIPOTECAR EL INMUEBLE EN RÚSTICO

El GOB ha hecho una relación de los principales efectos que augura de esta legalización anunciada entre los que destaca las "ganancias especulativas" para los infractores y los operadores del mercado inmobiliario y la "incredulidad" para quienes respetan la ley, ya que "la legalización aumenta considerablemente el valor de mercado de la vivienda".

En este sentido, han alegado que los propietarios de estos edificios podrán vender la finca con mayor facilidad y a un precio mayor, se permitirá dar la propiedad en garantía de préstamos hipotecarios para acceder a financiación y también podrán realizar reformas, mejoras y ampliaciones.

Los ecologistas han defendido que esta medida se enmarca en un ejercicio, "sin precedentes", de "aplicación de políticas neoliberales a respuesta de constructores y, sobre todo, promotores inmobiliarios, que exigen celeridad para que el Govern abra las puertas a la liberalización, la desregulación, la pérdida de derechos colectivos".

Todo esto, han puntualizado, se tramitará vía decreto-ley, lo que, desde su punto de vista, implica una "ausencia total" de debate, participación pública y de transparencia, y la consecuente "pérdida de calidad democrática".

De este modo, han manifestado que Baleares se encuentra en un contexto "sin precedentes de desequilibrio ecológico, desigualdad social, presión turística y urbanístico-inmobiliaria de lujo", por lo que han censurado que se abran sus puertas a "una nueva embestida al estilo del expresidente del Govern José Ramón Bauzá pero en un contexto agravado, con riesgos inminentes de agravamiento del deterioro ambiental y la fractura social".

El GOB ha recalcado que Mallorca ha superado su capacidad de carga en "muchos aspectos" --como la "artificialización del territorio, usos intensivos del suelo, degradación de los espacios naturales o el consumo de agua y energía, entre otros--, por lo que han apuntado que ahora se encuentra "bajo la amenaza de una estrategia política perversa dirigida a consolidar beneficios de unos pocos, pero poderosos colectivos y personas, a expensas del territorio, el medioambiente y el bienestar social".

Por estos motivos, han incidido en que la organización ha solicitado este jueves audiencia con la presidenta con carácter de urgencia, para abordar todas estas cuestiones y exigir el debate social. Además, han emplazado a los grupos de la oposición a hacer frente a este "despropósito político, ecológico, económico, social y territorial".