Archivan la imputación de la directora balear de Salud Pública por el confinamiento de estudiantes

El Juzgado de Instrucción número 12 de Palma ha archivado la imputación de la directora de Salud Pública, Maria Antònia Font, quien fue encausada por el confinamiento de estudiantes en el hotel covid de Palma a raíz del macrobrote de coronavirus registrado el pasado mes de junio.

Así lo ha anunciado la consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, durante la sesión de control al Govern durante el pleno del Parlament, quien ha señalado que la juez no ha encontrado "indicios ni delito" y, por lo tanto, la causa ha quedado sobreseída. "Me acuerdo de todas las críticas que ustedes hicieron --dirigiéndose al PP-- tanto a la directora general como a nuestra gestión", ha remarcado.

El auto, al que ha tenido acceso Crónica Balear, señala que la directora de Salud no incurrió en delitos de detención ilegal y prevaricación al acordar el confinamiento, ilícitos de los que la acusaban los padres de decenas de los alumnos afectados al considerar que se aplicó un "criterio arbitrario e injustificado" a la hora de adoptar esta medida.

"A la vista de la documentación existente en la presente causa recabada desde un inicio para investigar los hechos no se desprende que se hubiera actuado con abuso de autoridad o de forma arbitraria sino en todo momento fundamentado en un relato fáctico y conforme a una norma de salud pública", asevera la jueza instructora de la causa.

En este sentido, la resolución judicial remarca que el Código Penal únicamente castiga “los abusos de autoridad cometidos por funcionarios públicos" cuando detengan a una persona "privándole de su libertad con conocimiento de ello". La privación de libertad debe, por tanto, tener su origen en un abuso de autoridad, "siendo el derecho penal el medio para castigar las infracciones más graves del ordenamiento jurídico".

La directora general ordenó el 25 de junio el aislamiento bajo custodia policial de más de 250 estudiantes que se vieron afectados durante sus viajes de estudios en Mallorca por un macrobrote de covid.

El Juzgado ante el que varios progenitores interpusieron una querella decidió investigar las circunstancias y los motivos que rodearon el traslado vigilado por la Policía Nacional y el confinamiento de estudiantes peninsulares en el Hotel Palma Bellver.

Font debía declarar el pasado 7 de septiembre, pero su comparecencia fue aplazada por la acumulación de otras denuncias presentadas en otros juzgados de instrucción por el mismo asunto, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).

En septiembre, la Abogacía de la Comunidad Autónoma pidió el archivo de la causa contra Font después de que el TSJIB avalara el confinamiento forzoso de los estudiantes que se negaron a someterse a una prueba PCR o que dieron negativo.

ARMENGOL: "SE HA HECHO JUSTICIA"

Tras conocer el sobreseimiento, la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha defendido que "se ha hecho justicia" con Font y, a través de redes sociales, ha manifestado que la directora general hizo lo que "todos y todas pensábamos que debía hacerse para proteger la salud de todos y el conjunto de los ciudadanos".

En su tweet, la máxima responsable del Ejecutivo balear ha confesado sentirse "muy contenta por ella" así como por los profesionales que "cada día veláis por todos nosotros".

Mientras tanto, el vicepresidente del Govern y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, ha subrayado que la pretensión del Ejecutivo autonómico fue "salvar vidas y frenar los contagios". "La Justicia nos vuelve a dar la razón. El sobreseimiento deja bien claro que nunca hubo delito", ha remarcado en redes sociales, en línea con lo expresado por Armengol.

En esta línea, Yllanes ha subrayado que Font adoptó una "decisión valiente que ha sido proporcionada según la Justicia y que constituye un episodio más en la línea de actuación del Govern durante toda la pandemia".