Ejecutan el desahucio de Charo, una mujer discapacitada de 67 años en Pollença

La Guardia Civil ejecutó ayer en Pollença el desahucio de Charo, una mujer de 67 años y una discapacidad del 33 por ciento.

Tal como explican desde Stop Desahucios, el lanzamiento estaba previsto a las 10.00 horas, si bien el operativo policial arrancó a las 6.00 de la mañana y los agentes ya se encontraban realizando rondas la tarde anterior.

"La Guardia Civil podía proteger la entrada al pasaje particular, pero no tenía fuerzas para cruzar la barrera de manifestantes con las trabajadoras del juzgado y después con el secretario judicial", subrayan desde la plataforma, que convocó una concentración para intentar evitar el desahucio, que finalmente se llevó a cabo cuando los efectivos "lograron acceder por otra calle y, tras múltiples chapuzas del juzgado", lograron desahuciar a Charo a las 13.15 horas. "Charo y muchos vecinos de Pollença y otros pueblos hemos plantado cara con mucha dignidad", afirman desde la entidad.

Como recuerdan desde Stop Desahucios, el caso de Charo empezó en 2009 a causa de la crisis y los destrozos ocasionados por un 'cap de fibló'. Su hipoteca fue ejecutada por el impago de una cuota, en virtud de la cláusula de vencimiento anticipado, en la actualidad considerada nula en general -y en el caso de Charo también- mediante sentencia firme en otro procedimiento instado contra el banco y a favor de Charo, según explican desde la plataforma.

"Conocimos a Charo en septiembre de 2021, poco antes del primer lanzamiento. Hemos hecho lo posible hasta el momento por reabrir el procedimiento hipotecario y clarificar qué sucedió con otro procedimiento de reclamación favorable a Charo, en el que le acaban de notificar en enero de 2022 una sentencia firme favorable dictada en 2019 sobre el vencimiento anticipado y otras clausulas", añaden.

Sin embargo, Charo ha sido desahuciada por precario, "como si fuera okupa, en un tercer juicio instado por SAREB, herramienta estatal del rescate bancario en manos de la banca y sus empresas y conocida como el 'banco malo', y ejecutado por Corona Real State, un fondo buitre que la ha comprado por un precio ridículo".

Según Stop Desahucios, el caso de Charo es también un "ejemplo del robo realizado mediante la SAREB por parte de bancos y fondos buitres, desahuciado a familias y endeudándonos a todos vía deuda del Estado".

"En cualquier caso, Charo seguirá luchando por recuperar su casa o por una indemnización justa y suficiente", aseveran desde la entidad, formada por cientos de familias en toda Mallorca. "Cada año tratamos bastante más de 500 casos y más de 2.000 lanzamientos, de los que esta semana ya hemos paralizado tres. El de Charo es el primer desahucio ejecutado de 2022 y, a su vez, el 26° en 5 años y 4 meses de historia, siendo el primero que proviene de una ejecución hipotecaria en la misma vivienda", explican.

Desde Stop Desahucios afirman que "llevamos bastante tiempo avisando de que es importante y urgente que todos las familias hipotecadas se organicen en movimientos combativos como el nuestro, que nos oponemos tajantemente a la embargabilidad de primera vivienda, pero también a la engañosa dación en pago cuando se presenta como opción voluntaria para evitar una ejecución hipotecaria, facilitando que los bancos se queden muchas más viviendas. Es necesario y urgente relanzar la lucha organizada y conjunta de las familias hipotecadas, reclamando las cláusulas abusivas y enfrentando las ejecuciones hipotecarias, así como contra esta 'justicia' retrógrada y conservadora tan propia del régimen del 78".

"Es indignante ver cómo un gobierno 'progresista' permite que el Tribunal Supremo se ría de las familias al permitir la continuidad de la estafa del IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios). Son indignantes las rebajas impuestas a la ley de vivienda, siendo que la propuesta de los movimientos tampoco era tan ambiciosa", abundan.

E inciden, al hilo de lo anterior, en que "es tremendo que se maquille y renueve la ley mordaza y se convalide y consolide buena parte de la reforma laboral del PP de 2012 con esta nueva reforma de 2022, mientras las empresas se están dedicando a despedir a trabajadores por fin de obra para evitar hacer una parte de los contratos fijos que se esperaban. Y por último es indignante que se siga permitiendo el uso de la policía en los desahucios, dedicando ingentes presupuestos a operativos policiales para desahuciar familias que no pueden pagar los precios abusivos o acceder a nuevas viviendas con sus ingresos".

"Por nuestra parte seguiremos dando ejemplo de aquello que entendemos que es pasar de la indignación a la acción, organizándonos desde cada barrio y pueblo para defender el derecho de todas las familias trabajadoras", sentencia Stop Desahucios.