Denuncian el desamparo de un anciano vulnerable de Inca tras imponerle una orden de alejamiento “por insultos”

Un anciano “se ha visto obligado a vivir en la calle durante días” después de quebrantar una orden de alejamiento. Así lo ha contado a Crónica Balear el abogado que lleva su caso, Juan Adan Rosello, que denuncia “la situación de desamparo en la que se encuentra el hombre de 81 años, enfermo y sin recursos”.

Los hechos se remontan a noviembre de 2022 cuando tras una discusión con su mujer, el anciano fue denunciado por violencia de género. “Al parecer hubo insultos, pero no violencia física dada su dificultad motora, no obstante, se ordenó que abandonase el domicilio familiar y se le impuso una orden de alejamiento”, explica el abogado.

Debido a la situación de dependencia – el hombre al parecer cuenta con varías afecciones como diabetes, 2 ictus, demencia, grave dificultad motora y asma–, la Guardia Civil contactó con sus hijas con el fin de que pudieran acogerlo, pero solo una aceptó. “Estuvo viviendo en su casa hasta agosto de este año, fecha en la que fue ingresado por una neumonía durante varias semanas –cuenta Rosello– Al salir, regresó con ella, pero después de una discusión abandonó la vivienda"

Unos agentes de la Guardia Civil al verle desprotegido contactó entonces con otro de sus hijos, “concretamente con el mayor que, aun viviendo en el domicilio familiar y pese a la orden de alejamiento, decidió traerlo de vuelta a casa”, dice el abogado.

CONTÍNUAS DISCUSIONES Y UNA NUEVA DENUNCIA

En este mes y medio las discusiones no han cesado entre el anciano y la mujer por lo que hace una semana volvió a denunciarle ante la Benemérita. “El miércoles pasado estaba de guardia en el turno de oficio del Penal de Inca cuando me contactaron para explicarme que, dado que había quebrantado la orden de alejamiento, habían tenido que detenerle”.

El anciano durmió en el cuartel y al día siguiente pasó a disposición judicial acordándose que lo más adecuado para él, puesto que depende de asistencia para todos sus quehaceres diarios, era su ingreso en una residencia o centro habilitado para sus cuidados.
No obstante, puesto que ese día era festivo, desde el juzgado solo pudieron remitirlo al Hospital Son Espases donde pasó a la Unidad de Psiquiatría para un estudio.

“Al cabo de unas horas, la Guardia Civil me informó que los médicos no encontraban necesario su ingreso, por lo que le dieron el alta y de nuevo volvió a pasar una segunda noche en el cuartel”.

El viernes pasado por la mañana, contra todo pronóstico no consiguieron ayuda por parte de los Servicios sociales por lo que finalmente se procedió a dejarle en libertad “quedando de nuevo en situación de desamparo ya que ningún familiar quería hacerse cargo de él”, asegura Rosello.

Así, el abogado contacto con varios albergues "pero en todos me dijeron que al no estar adaptados a sus necesidades no era recomendable su ingreso. Además, me explicaron que había que pasar antes una serie de entrevistas y que todo llevaba su tiempo”.

CASI TRES DÍAS SOLO Y DESORIENTADO EN UNA SALA DE ESPERA DE SON ESPASES

El 13 de octubre el anciano pasó todo el día con Rosello hasta el momento en que tuvo que atender una guardia “así que, mientras, le dejé en un bar tomando un café”.

Una hora más tarde informaron al letrado que "el hombre se había encontrado desorientado" y que un taxista le había llevado a Son Espases. "Allí, de nuevo el centro hospitalario consideró que no necesitaba un ingreso, por lo que le devolvieron a la sala de espera donde permaneció hasta el lunes día 16 de octubre con un zumo, un yogurt y comida que le pude llevar yo, así como una mujer que accedió a comprarle una bolsa de patatillas”.

Finalmente, hasta encontrar una solución, el abogado ha podido contactar con un conocido que ha accedido a que el hombre permanezca con él unos días, puesto que Servicios sociales de Selva ha informado a Rosello que aunque el anciano podrá disponer de una paga a partir de día 25 de octubre, por ahora tendrá que esperar entre cinco meses y medio año para optar a una plaza en una residencia.

 “Así que, viendo esta situación uno se llega a replantear no solo el sistema y los servicios sociales, sino también si hubiera sido más favorable que lo valorasen como una persona peligrosa y lo hubiesen ingresado en prisión, ya que podría tener un lugar donde resguardarse y comida. No recibiría los cuidados que necesita, pero al menos no viviría en la calle”, lamenta el abogado.