Baleares reclama al Gobierno medidas para evitar la llegada de VTC de otras comunidades

El Govern ha reclamado en Madrid al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la adopción urgente de medidas de índole estatal para evitar la posible llegada de vehículos de turismo con conductor (VTC) durante la temporada alta en las Islas Baleares, provenientes otras comunidades autónomas, con solicitudes actualmente en vía judicial y que podrían verse beneficiadas de los efectos derivados de la reciente sentencia del Tribunal Supremo.

En la sentencia, el alto tribunal estima un recurso contra la denegación de 1.000 licencias VTC que adoptó la Comunidad de Madrid aplicando la limitación estatal de una licencia de VTC por cada 30 de taxi. La resolución va en línea con la sentencia anterior del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que también cuestiona la limitación de la ratio 1/30 fijada en España en la normativa estatal aprobada en 2018.

Así, recuerda que el TJUE considera esta limitación contraria a la libertad de establecimiento del Tratado de la UE salvo que se haya acreditado que es una medida idónea y proporcionada en relación con criterios medioambiental, de buena gestión del transporte y del tráfico, del espacio público y de protección del medio ambiente.

La sentencia 41/2024 del Supremo aclara que anular la denegación no supone la concesión de las 1.000 licencias, sino que ordena que las solicitudes deban ser tramitadas de nuevo y que la administración deba resolver en base a la normativa aplicable en el momento en que se formalizó la solicitud, sin poder aplicar la limitación 1/30 fijada por el Gobierno central. Se trata de autorizaciones solicitadas antes de la entrada en vigor del Real Decreto estatal del año 2018, la llamada Ley Ábalos, cuando las solicitudes de VTC eran nacionales, y no se limitaba el inicio del recorrido en la comunidad autónoma donde estaban domiciliadas.

Los efectos de la sentencia podrían posibilitar que las solicitudes de autorizaciones de VTC que se encuentren en vía judicial en España, puedan realizar un 20% de sus servicios a otras comunidades autónomas, entre ellas Baleares, tanto en trayectos urbanos como interurbanos, según trasladó el Govern este jueves a una reunión de todas las comunidades autónomas con el Ministerio de Transportes.

Pese a que se trata de una sentencia relativa a otra comunidad, el Govern ha alertado de que la resolución del Supremo puede tener efectos en Baleares y en el conjunto de España, especialmente en el caso de un territorio limitado como las Islas y durante la temporada alta, por el impacto de una llegada de VTC en la frecuente congestión del tráfico durante el verano. La directora general de Movilidad, Lorena del Valle, trasladó esta preocupación durante la reunión en Madrid entre los directores generales de Movilidad de los gobiernos autonómicos y representantes del Ministerio, encabezados por su directora general de Transporte Terrestre.

La consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, también elevará la cuestión al ministro Oscar Puente, aunque por ahora no se ha recibido ninguna respuesta a las sucesivas peticiones de reunión desde finales de noviembre, y ha ratificado el compromiso del Govern con la movilidad sostenible frente a los posibles efectos derivados de la sentencia sobre la gestión adecuada del transporte y el tráfico, la ocupación del espacio público y el medio ambiente.

El Govern, según ha reiterado la consellera Vidal, tomará todas las medidas posibles dentro de sus competencias para regular de forma equilibrada el servicio del taxi y los VTC, y evitar un alud de autorizaciones de VTC no asumible en el territorio insular. Sin embargo, en el actual escenario es necesaria la acción del Gobierno para adoptar una regulación en este caso, dado que se trata de solicitudes judicializadas antes de la entrada en vigor de la ley estatal de 2018.

El análisis de la resolución del Supremo reafirma también la línea de trabajo de Movilidad en el sentido de elaborar una normativa adaptada a las diversas sentencias judiciales y regular las autorizaciones de VTC con el establecimiento de criterios objetivos, medioambientales, de gestión del transporte y del tráfico, entre otros.

Una vez iniciada la tramitación parlamentaria de una proposición de ley de modificación de la Ley 4/2014 de transportes terrestres y movilidad sostenible, se han presentado enmiendas alineadas con las propuestas del Govern en los últimos meses y que tienen como objetivo mejorar el servicio de taxi y su competitividad, garantizando el servicio en todas las zonas y en todas las franjas horarias, y regular las autorizaciones de los VTC, desde el respeto a la libertad de empresa.

Tal y como ha manifestado el Govern en otras ocasiones, es necesaria una normativa sólida para regular las autorizaciones de este tipo de vehículos y para evitar la concesión del alud de nuevas licencias de VTC solicitadas, las más de 10.000 que se han recibido en Baleares durante 2023 ante posibles cambios legislativos derivados de diversas sentencias.

Entre otras medidas, se ha propuesto la suspensión temporal de concesión de nuevas licencias de taxi y de VTC en las Islas Baleares hasta que se apruebe un decreto que establezca los criterios para su concesión, basados ​​en la mejora de la calidad del aire, la gestión del transporte, del tráfico y del espacio público, tal y como marcó el camino a seguir el Tribunal de Justicia de la UE y como ha ratificado el Tribunal Supremo.